Ambos enviaron declaraciones juradas al fiscal del condado desautorizando sus votos anteriores para certificar. Pero dado que la fecha límite para la certificación del condado ya pasó, no está claro qué remedio legal o argumento legítimo pueden presentar estos dos funcionarios republicanos para rescindir formalmente sus votos y anular la certificación.
La presidenta republicana Monica Palmer y el miembro republicano de la junta William Hartmann habían votado inicialmente en contra de la certificación durante su reunión del martes por la noche, dejando a la junta en un punto muerto de 2-2. Después de horas de presión pública y quejas de que estaban privando descaradamente del derecho al voto a cientos de miles de votantes de la ciudad de Detroit, de mayoría negra, los republicanos cambiaron sus votos y la certificación fue aprobada por unanimidad.
El vicepresidente demócrata Jonathan Kinloch dijo el jueves que la fecha de certificación del condado del 17 de noviembre es una fecha límite definitiva y que los votos de los miembros de la junta no se pueden cambiar después del hecho. Los funcionarios republicanos enviaron sus declaraciones juradas al condado, pero la acción se detiene allí. No han presentado ninguna demanda para intentar obligar al condado a convocar una nueva reunión.
«No hay más acciones que se puedan tomar con respecto a la certificación», dijo Kinloch a FGTELEVISION.
También el jueves, la campaña de Trump retiró su demanda federal en Michigan que alegaba irregularidades en la votación y había pedido a la corte que detuviera la certificación de los votos en el condado de Wayne, hogar de Detroit. Su presentación incluyó las declaraciones juradas de los dos miembros republicanos de la junta.
La certificación suele ser una formalidad, pero el presidente Donald Trump está tratando de bloquear o retrasar el proceso en estados clave como parte de un esfuerzo arriesgado para revertir su derrota electoral a través del Colegio Electoral.
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