Integrantes de un grupo armado de corte paramilitar de la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, hirieron de bala el miércoles 18 de noviembre de 2020 a la religiosa María Isabel Hernández, de 52 años de edad. El hecho ha causado indignación en la entidad con escaso eco en la opinión pública del país. La religiosa fue herida en la pierna derecha y afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.
La hermana pertenece a la orden dominica y está adscrita a la parroquia de San Andrés Larráinzar, vecina de Aldama. El cobarde atentado fue realizado por paramilitares que operan impunemente en la región. Fue lesionada cuando se encontraba en la comunidad de Tabak, a donde llegó con otros agentes de pastoral Cáritas y representantes de Fideo, una ONG en pro de la niñez indígena presidida por la actriz Ofelia Medina. Su misión era entregar ayuda humanitaria y alimentos a indígenas desplazados a causa de las “agresiones de Santa Martha”.
Los obispos de San Cristóbal de las Casas publicaron un duro comunicado que critica la complacencia del gobierno. El obispo titular, Rodrigo Aguiar Martínez, y su auxiliar Luis Manuel López Alfaro, lamentaron los hechos y reprocharon a las autoridades no emplearse a fondo para detener la violencia en la región. El atentado a la religiosa refleja la reiterada brutalidad de los paramilitares.
Así reclamaron: “Instamos al Estado Mexicano desarmar y desarticular a los grupos armados de corte paramilitar de esa zona y junto a quienes les proveen de las armas, aplicar todo el peso de la ley”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas ha venido denunciado la impunidad con la que operan estos grupos de choque y paramilitares en el escenario de violencia y represión contra los pueblos originarios organizados.
El gobierno local y el federal toleran la recuperación de tierras y la riqueza natural que pertenecen a los indígenas chipanecos. Existe en la región chiapaneca un claro retroceso en materia de derechos humanos que puede desencadenar ante injustos desalojos en un nuevo levantamiento como el que aconteció en 1994. Y parece que el gobierno de la 4T encabezado por Andrés Manuel López Obrador no ha calibrado el riego social ni su explosiva potencialidad.
Me sumo al dramático llamado de los obispos, al reclamar: “No queremos otro Acteal. No queremos más heridos y muertos. No queremos más personas desplazadas. No queremos más sufrimientos de mujeres, niñas y niños. No queremos más armas en nuestros pueblos”