Nunca antes se había hecho tanto esfuerzo para extirpar de los intestinos de la justicia gringa a un connacional acusado de delincuencia organizada. Luego de la tortura y asesinato en 1985 del agente Enrique Camarena y de su piloto, Alfredo Zavala, el médico que le prolongó la agonía, Humberto Álvarez Macháin, fue secuestrado el 2 de abril de 1990 por un cazador de cabezas pagado por la DEA y llevado clandestinamente a El Paso, Texas. Si regresó a los pocos meses fue porque demandó al gobierno gringo y una corte de distrito le dio la razón, mandándolo a casa con 25 mil dólares a modo de usted disculpe, porque el gobierno de México se limitó a solicitar un reporte oficial y a enviar dos notas diplomáticas.
En cambio, al general Cienfuegos, arrestado en territorio gringo y por delitos cometidos contra las leyes de los Estados Unidos, el gobierno mexicano le puso al abogado que lleva sus casos en el estado de Nueva York, Edward Sapone, y negoció en lo oscurito con su contraparte en Washington su liberación; Reuters dice que a cambio de la promesa de la captura de otro capo sin nombre que estaría inundando a los Estados Unidos de fentanilo, mientras que el NYT y el Washington Post indican que México presionó con acotar la carta blanca de la que goza la DEA en nuestro suelo. Nos enteramos del arreglo porque la jueza que llevaría el caso, Carol Badgley, insistió en desclasificar los documentos mediante los cuales el departamento de Estado pidió que, aunque sustentado en pruebas sólidas, se dejara caer el proceso contra el general porque el interés de perseguir la corrupción en México se supeditaba al de las relaciones internacionales; de otra manera nos hubieran vendido un remix de los aplausos para Nahle en la OPEP.
El problema inicial, primero negado y luego citado como causa del descontento, fue que nadie le informó de la “operación Padrino” al gobierno mexicano. Quizá porque la administración de Trump no se caracteriza por su eficiencia ni por su cortesía, resultando en que cada agencia hace lo propio sin la coordinación acostumbrada. Por otra parte, ¿se puede esperar otra cosa luego del culiacanazo y de la posterior genuflexión presidencial ante la mamá del Chapo? La excusa es buena, pero la urgencia de México se dio por otros motivos. Uno, evitar que el general, desde su conocimiento privilegiado de los hechos, revelara las íntimas conexiones entre el narco y buena parte de nuestras autoridades, civiles y militares —que era el objetivo del juicio, y no su relación con el H2—, y la otra: la presión de unas fuerzas armadas a las cuales AMLO les ha entregado los puertos, la gendarmería, las obras de infraestructura y el mayor poder desde que los generales dejaron de ser presidentes.
No sé qué tanto celebramos, si Trump y sus esbirros ya se van y lo que va a quedarnos es el resentimiento eterno de la DEA y de las fiscalías que persiguen a nuestros grandes cárteles. Peor aún, lo único claro de este enredo es que, en esta presidencia, el narco es parcialmente dueño del Ejército, y el Ejército es totalmente dueño de López Obrador.
@robertayque