El desabasto creciente de medicamentos tiene como origen principal la desconfianza del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la administración del sistema de salud de los gobiernos anteriores.
Desconfianza en la industria farmacéutica nacional, en el proceso de adquisiciones, en los mecanismos de distribución y en los funcionarios públicos de las dependencias.
Según la creencia presidencial, los gobiernos precedentes privatizaron el mercado de los medicamentos para entregar un negocio inmenso a unos cuantos intereses rapaces.
A partir de esta premisa, la actual administración emprendió una guerra rotunda contra la industria farmacéutica nacional, decretó la muerte del sistema anterior de adquisiciones, cortó relación con las empresas dedicadas a la distribución y combatió las voces médicas disidentes acusándolas de deshonestas.
El problema del desabasto surgió, sobre todo, cuando el gobierno renunció a trazar una ruta que permitiera transitar hacia un nuevo sistema de abasto de medicamentos para un país tan grande y complejo como México.
La actual administración ha propuesto sustituir a los fabricantes nacionales con proveedores internacionales, a las empresas distribuidoras por el Ejército y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como responsable de las compras consolidadas, por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Pocos países cuentan con una industria farmacéutica nacional tan robusta como la mexicana. Hay empresas nacionales que tienen más de 80 años creciendo con solvencia, no solo para asegurar subsistencias dentro del mercado mexicano, sino también para abastecer al extranjero.
Gracias a estas unidades económicas el país cuenta con soberanía sanitaria que, en esta época, es un principio tan importante como las soberanías alimentaria o energética.
Un conocimiento muy superficial del sector farmacéutico ha llevado a que el conjunto sea señalado como corrupto, sin admitir distinciones ni matices.
Dependencias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el IMSS o la Secretaría de la Función Pública están alineadas para derrumbar esta industria que vale muchos millones de dólares y ofrece empleo a varias decenas de miles de trabajadores.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda propuso al Presidente desmantelar el sistema previo de compras consolidadas, ya que presuntamente encarecía el precio de los medicamentos y solapaba negocios perversos. Luego, esa misma secretaría asumió el control del proceso enfrentando un primer fracaso en 2019, cuando el IMSS tuvo que reincorporarse de emergencia para sacar adelante la compra masiva de medicamentos.
Meses más tarde fue que el Presidente propuso que fuera la Organización de Naciones Unidas, concretamente su Oficina de Servicios para Proyectos (OPS), quien se encargara de realizar las compras de medicamentos y equipo.
Sin embargo, ese organismo no ha realizado jamás una operación tan compleja. El IMSS tiene más experiencia que la OPS en esta materia. En la currícula de este organismo internacional se hallan tres antecedentes menores: la compra de medicamentos para Honduras, para Guatemala y para un estado federado en Brasil.
En Honduras la compra referida atendió a 16 millones de personas, en Guatemala a 4 millones y en Brasil a una población aún menor.
Ninguno de estos proyectos tiene comparación con el volumen de medicamentos requeridos en México –más de mil 600 millones de piezas anuales– que benefician a una población superior a los 130 millones de habitantes.
El tercer frente de la guerra gubernamental concibe como adversarias a las empresas distribuidoras de medicamentos. Se trata de las empresas que hasta hace poco se encargaban de agregar la oferta de fármacos, de tratarla con el cuidado sanitario requerido –embalaje, temperatura, transporte, reposición y servicios médicos relacionados– , y de abastecer en los puntos más apartados de la geografía mexicana.
La opción alternativa para sustituir a estas distribuidoras es la construcción de una gran empresa paraestatal que, inspirada en la antigua Conasupo, se encargue de la tarea.
Esta iniciativa busca sustituir un monopsonio privado por un monopolio público que, eventualmente podría abaratar los costos, eliminar la corrupción y volver más eficiente la distribución. La empresa pública invocada es Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México), que actualmente distribuye las vacunas en todo el país.
No se previó, sin embargo, un mecanismo que diera certidumbre a la transición entre un modelo y otro. La improvisada intervención del Ejército ha resultado una mala idea porque las Fuerzas Armadas no tienen experiencia en el desempeño de una actividad tan delicada. El Ejército no cuenta con transportes adecuados, cámaras de refrigeración, conocimiento de los productos, ni entendimiento sofisticado de la demanda.
Tan preocupante como los temas anteriores ha sido la desconfianza que el gobierno mantiene sobre la mayoría de los funcionarios públicos del sector salud, quienes han sido marginados de la discusión, demolición, invención y puesta en marcha del nuevo sistema.
Si bien debió consultarse a los médicos y especialistas sobre la mejor ruta de navegación, esta desconfianza entregó a otros funcionarios ignorantes del tema un papel que no les correspondía. Este error es similar al que cometió la administración de Enrique Peña Nieto cuando emprendió una reforma educativa sin consultar a los maestros.
La salud es un bien público que ningún gobierno debe corromper. Tan corrupto es que se haga negocio con la vida de las personas, como la ineptitud y la improvisación disfrazadas de falsa honestidad.
@ricardomraphael