CHISPAZO
CULIACÁN, LABORATORIO Y RETO DEL PLAN SHEINBAUM.
Felipe Guerrero Bojórquez.
A diez días de haber asumido la presidencia de México, Claudia Sheinbaum se ha visto rebasada por una realidad dramática que aqueja al país: La violencia provocada por los grupos de facto. La bestia negra como herencia inmediata, viva, latente, despiadada, cada vez más fuerte y peligrosa.
Lo anterior demuestra que el fenómeno del crimen organizado no respeta los ciclos gubernamentales, y que la violencia desde los sexenios pasados se ha acrecentado porque simple y sencillamente no ha existido, hasta ahora, un modelo de seguridad que lo contenga y lo reduzca.
La de López Obrador fue, sin duda, una estrategia fallida, si nos atenemos al número de muertes violentas y desapariciones forzadas. Los abrazos y no balazos son para Sheinbaum una herencia maldita que de no revertirla, la velocidad de los hechos violentos se volverán incontrolables. Verbigracia: Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas.
Por lo que se observa, el proyecto morenista no deja de voltear al pasado en busca de culpables de lo que ocurre en el presente. Presentar un plan de seguridad iniciando con la idea de que no será esta una guerra contra el narco como la de Felipe Calderón, es brincarse dos sexenios, cuando el peor ejemplo en este tema lo acabamos de padecer con Andrés Manuel López Obrador, cuya inercia sigue haciendo estragos hasta el día de hoy.
Es tan absorbente e intenso el tema de la violencia orgánica, que no hay respiro para asomarse a otros desastres dejados por ese huracán llamado AMLO, y pedir cuentas a las nuevas autoridades, al menos, para que no entierren tan fácilmente los gastos multimillonario en obras faraónicas que hasta hoy no se concluyen. O en servicios como educación y salud, por mencionar asuntos centrales.
¿Y porqué el tema de la violencia debe ser ahora, o debería ser, la preocupación central del gobierno? Porque en la medida que los grupos del crimen organizado crecen y se fortalecen, el Estado Mexicano se debilita y los niveles de gobierno pierden autoridad, son rebasados al grado de que sueltan el control del orden constitucional y la estabilidad social, como ocurre actualmente en Culiacán, laboratorio al mismo tiempo para la aplicación del plan Sheinbaum en materia de seguridad.
Por eso al Estado Mexicano, como eje central de la República, le debería preocupar que en diversas regiones no tenga la facultad exclusiva de ejercer violencia legítima para preservar el orden y la paz. Es al revés, ha sido superado por quienes se han dado, al margen de la ley, autoridad para desempeñar un poder paralelo e incluso imponer la pax narca.
Al menos, en los últimos cinco sexenios, no solo no se ejerció violencia legítima contra estos grupos, sino que se les dejó crecer a base de corrupción e intereses mutuos, al grado de que hoy la infiltración está en todos los niveles de gobierno, en la economía y en el pensum de no pocos ciudadanos.
Pero además, la violencia que ejercen las fuerzas de facto para obtener más poder, al mismo tiempo, merma la producción y el desarrollo en todos sus niveles. Lo anterior significa que en la medida que este fenómeno se expande, los sectores de la sociedad también empiezan a depender de él, lo que lleva implícito contradicciones y exigencia a los gobiernos para que se imponga el orden.
No solo pues el Estado entra en crisis, sino también los grupos orgánicos de la delincuencia al ir más allá de su naturaleza primaria. Pretender disputar el poder político y económico, significa redefinir posiciones, hacer deslindes y entrar al terreno de la confrontación de poder a poder. Y este ensayo lo estamos viendo ya en Culiacán, donde el nuevo régimen estrena su estrategia de inteligencia y combate a los «generadores de violencia», aunque no lo llame «guerra contra el narco» para no invocar a Calderón o contradecir al señor de los abrazos y no balazos.
Hay, desde luego, al interior de la inteligencia de los grupos de facto una revisión de sus métodos. Por eso en algunos mensajes expresan la idea de ir contra todo aquello que dañe a la población pacífica y regresar a la «normalidad». Ya lo dijo el General Leana Ojeda: Regresar a la tranquilidad significa que entre ellos se pongan de acuerdo. Ante el anuncio del plan de seguridad del nuevo régimen ¿optarán por el camino del arreglo? ¿redefinirán posiciones más civilizadas para enviar señales al estrenado gobierno? ¿Le seguirán de punta? De ser así ¿cómo actuarán los responsables de la seguridad y el orden del plan Sheinbaum? Pronto se sabrá.
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