Felipe Guerrero Bojórquez
El Mayo, la confesión y Héctor Melesio.
Joaquín Guzmán López confesó ante una corte en Estados Unidos lo que muchos de algún modo sabían, pero no en versión detallada: secuestró encapuchó, amarró, sedó y entregó al ‘Mayo’ Zambada a autoridades estadounidenses.
El relato suena sacado de una serie de narcos de esas que produce Netflix, cuyas escenas se filman a partir de una invitación engañosa, una habitación con un ventanal roto, a propósito, pistoleros que entran por la ventana y esposan las muñecas de una leyenda intocable, le embolsan su cabeza; camionetas que salen disparadas, una avioneta, una pista, un piloto esperando, sedantes y un vuelo exprés desde Culiacán hasta Nuevo México. Antes, los guardias de Zambada ejecutados y sepultados.
Ya El Mayo había dicho en su declaración pública: “No me entregué voluntariamente — fui secuestrado».
Es un guion real donde se mezcla la traición, la violencia y la pérdida de los códigos de honor. Pero más allá, el resquebrajamiento de uno de los cárteles más poderosos del país y el mundo: el Cártel de Sinaloa.
Con la detención de El Chapo Guzmán y ahora de El Mayo Zambada, con sus diferencias internas, la estructura del cartel se ha fracturado y en consecuencia su liderazgo histórico. Pero, por lo que se observa, con poder suficiente para evitar que los esfuerzos del gobierno federal, en materia de seguridad, le peguen en la línea de flotación.
Con la declaración de Joaquín Guzmán López, a la par del secuestro, reaparece el otro hecho que conmocionó a los sinaloenses: el asesinato del exrector de la UAS y diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Una víctima más en un Sinaloa donde la existencia del Estado de Derecho se pone en duda porque, ante tantos actos criminales, la justicia brilla por su ausencia.
¿Y dónde quedó la investigación del caso de parte de la Fiscalía General de la República? Todo caminaba a fondo y de pronto se paró. ¿Quién ordenó que el proceso se apagara? Justo cuando surgieron evidencias claves para la detención de los autores materiales e intelectuales. Por ejemplo, el video montaje de la gasolinera donde se aseguraba que ahí habían asesinado a Cuen Ojeda, avalado e impulsado por la Fiscalía local que le costó la cabeza a la entonces titular, Sara Bruna Quiñonez, un material clave que, por lo mismo, involucra a funcionarios de esa institución. ¿Por qué no han llamado a declarar a Sara Bruna si la más elemental de las investigaciones debería contemplarlo? ¿Quién planeó el video montaje analizado y descartado por la propia FGR?. ¿La Fiscalía local?
¿Quiénes fueron los actores que supuestamente dispararon y quién tripulaba realmente la camioneta? ¿De dónde salió ese material que el equipo de investigación y la propia Sara Bruna hicieron suyo? ¿Quiénes más, localmente, están involucrados en este asesinato como presuntos autores intelectuales?
No lo dirán hasta que a la FGR le den línea. ¿Ernestina Godoy Ramos, titular interina y próximamente titular plena de la FGR, desempolvará el expediente? A menos que López Obrador o Claudia Sheinbaum se lo pidan. Porque tampoco hay duda que desde las más altas esferas están protegiendo a involucrados locales.
Según investigaciones y publicaciones recientes, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, habría tenido conocimiento de la reunión donde se citaría al ‘Mayo’ y a la que también estaría invitado, pero a la que no asistió bajo el argumento que ese día saldría de Sinaloa. Desde luego eso hasta ahora es una especulación.
Es decir, coincidencia o no, informaciones falsas o no, lo cierto es que ese día el gobernador estuvo ausente en el peor momento. Su viaje a los Estados Unidos, dijo, a visitar a un sobrino a quien tenía tiempo de no ver, lo metió en los berenjenales de la especulación. Pero aún así expresó que él estaría dispuesto a aclarar sus dichos ante cualquier autoridad. ¿Ya lo hizo?
Pero igual, el mensaje es claro: los grupos de facto ya no solo ningunean al Estado: lo reemplazan.
Cuando un hijo de “El Chapo” admite públicamente secuestrar al ex jefe del cártel; cuando uno de los líderes más buscados termina “entregado” a discreción; cuando las facciones pelean entre sí, cuando políticos locales miran a otro lado, eso no es solo guerra interna, sino también evidencia de un Estado omiso y disminuido.
Bajo esta declaración oficial de Guzmán López ¿se intensificará la guerra entre la mayiza y la chapiza?
Es probable, pero lo que tenemos al final son víctimas, en todos los sentidos, no reparadas; muertos sin justicia y desplazados como saldo. Y un gobierno federal que observa, calla o se despacha con la cuchara grande de las cifras, mientras la sangre corre.
Este episodio narrado por Joaquín Guzmán López, no es solo noticia de impacto, es la fotografía más fiel del México de la 4T. Un país donde la impunidad ya no es excepción, sino parte fundamental del engranaje del sistema.
¿Quién manda entonces? La respuesta es obvia.