Concordia: Respuesta de fondo.
Por Felipe Guerrero Bojórquez
El gobierno de Sinaloa informó que se reforzó el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, con un despliegue de más de mil elementos del Ejército, fuerzas especiales, Guardia Nacional y policías ministeriales, además de apoyo aéreo. El gobernador Rubén Rocha Moya informó que la instrucción proviene de la presidente Claudia Sheinbaum y del Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.
La acción es necesaria. Sin embargo, verse como un hecho aislado, resulta claramente insuficiente en un territorio dominado por grupos del crimen organizado.
De acuerdo con versiones locales, los mineros habrían sido privados de la libertad unos en el campamento de la mina y otros en la propia cabecera municipal de Concordia. Hasta ahí habrían ido por ellos. Este dato no es menor: implica que los grupos criminales pueden operar a plena luz del día en zonas urbanas sin una reacción inmediata de las autoridades. No se trata solo de un delito grave, sino de una señal de control territorial, del que ya tienen registro pleno los propios habitantes de las diversas comunidades, principalmente las más adentradas a la sierra.
A este episodio se suma la situación en la comunidad de Copala, donde habitantes denuncian la desaparición de al menos ocho personas, entre ellas el presidente de la comunidad, el encargado de la tienda Conasupo y el propietario de otro negocio de abarrotes. La consecuencia no es únicamente humana; es también funcional; es que en el poblado permanecen apenas diez familias, que hoy enfrentan problemas de abasto de alimentos por la ausencia de quienes sostenían el suministro básico.
Lo ocurrido en la cabecera de Concordia y Copala es apenas lo que trasciende, pero los habitantes del resto de las comunidades saben que no hay autoridad real y que los que ahí ordenan, hacen y deshacen, son los grupos al margen de la ley. Lo anterior configura un patrón preocupante. No hablamos de eventos desconectados, sino de una secuencia: desapariciones múltiples, debilitamiento de liderazgos comunitarios y afectación directa a la vida cotidiana. Cuando una comunidad pierde a sus representantes y a sus proveedores esenciales, el riesgo inmediato es el desplazamiento forzado y el colapso social.
Por ello, el operativo del gobierno federal debe entenderse como algo más que una acción de búsqueda. Requiere una estrategia integral que garantice presencia institucional permanente, protección real a la población civil y atención inmediata a las necesidades básicas de las comunidades afectadas.
Sin estas condiciones, la intervención militar corre el riesgo de convertirse en un gesto reactivo, no en una solución estructural. Ahí las condiciones no están como para implementar estrategias «disuasivas» como lo establece el Plan Nacional de Seguridad Pública, porque disuadir significa convencer a alguien para que desista de una idea o propósito. ¿Deveras, convencer a los criminales, solo con presencia policiaca, para que desistan de sus acciones? «Disuadir» entonces es un término muy cercano a la colusión, a la protección y al desentendimiento. Y precisamente por eso, por la «disuasión», ocurre lo que la población padece en Concordia y la mayoría de los municipios de Sinaloa.
Por eso, igualmente, buscar a los mineros es una obligación del Estado. Proteger a los pueblos serranos es una responsabilidad mayor.
Liberar a Concordia para que no siga siendo un territorio abandonado por las instituciones y en manos de grupos fácticos, no es un asunto de discurso, sino de acción inmediata y a fondo.
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