CHISPAZO/Felipe Guerrero Bojórquez
Reforma Electoral: ¿contra quién y a favor de quién?
Cerrar filas es la consigna; el manotazo es la advertencia de quien manda y la declaración de que la reforma electoral se aprobará «como venga», es el mensaje público y descarado de obediencia. Es el sello de los que dijeron que no eran iguales. Y es cierto, porque resultaron peor.
Monreal lo ha reiterado sin ambigüedades: la reforma electoral que envíe la presidente Claudia Sheinbaum será respaldada por Morena “como venga”. No es una expresión solo para la nota periodística; es la arrogancia de suyo vulgar que define muy bien la naturaleza de la autocracia.
Después de una reunión plenaria, extraordinaria, la bancada oficialista acordó cerrar filas sin conocer formalmente el contenido de la iniciativa. El propio Monreal admitió que no existe aún documento oficial y que la única persona que conoce el alcance real de la reforma es la Presidente de la República.
En cualquier sistema de pesos y contrapesos, el Poder Legislativo analiza, debate, modifica o incluso rechaza propuestas del Ejecutivo. Aquí, en cambio, el respaldo es previo al análisis. La unanimidad antecede al contenido.
El argumento público es que se busca “mejorar la democracia”, reducir gastos de campaña y adelgazar la estructura electoral. Entre los puntos adelantados está la disminución de candidaturas plurinominales y ajustes al financiamiento y fiscalización.
Sin embargo, el contexto político no puede ignorarse.
Morena enfrenta un desgaste acumulado por escándalos de corrupción y señalamientos delicados sobre presuntas vinculaciones de actores locales y nacionales con el crimen organizado. Aunque la oposición partidista permanece fragmentada y estructuralmente débil, la inconformidad social no necesariamente lo está.
La elección de 2027 será crucial: renovación de la Cámara de Diputados, la mitad de las gubernaturas y sus respectivos Congresos locales. Perder la mayoría calificada implicaría modificar la correlación de fuerzas que hoy permite reformas constitucionales sin mayores obstáculos.
Bajo esa perspectiva, una reforma que reduzca espacios legislativos de representación proporcional, limite recursos operativos del árbitro electoral y redefina reglas de competencia no puede dejar de analizarse con seriedad y profundidad, menos por quienes tienen la obligación constitucional de hacerlo: Los legisladores.
Monreal fue explícito: no se cansarán de convencer a sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Y aunque habló de un posible “desacuerdo legislativo temporal”, aseguró que la alianza rumbo a 2027 y 2030 no está en riesgo.
La prioridad parece clara: preservar la cohesión del bloque gobernante.
Lo que preocupa no es la reforma en sí, cualquier sistema electoral es perfectible, sino el método. Cuando una mayoría anuncia respaldo automático antes de leer el documento, el mensaje que se envía es que la deliberación es secundaria.
En democracia, las reglas del juego no deberían modificarse desde la lógica de la urgencia electoral ni desde la necesidad de blindaje político. Deberían surgir de un consenso amplio que garantice competencia equitativa y confianza pública.
Hoy, sin embargo, el debate real aún no inicia. La iniciativa de reforma no se presenta y, a pesar de ello, solo sabemos que será respaldada a ojos cerrados.
Y ahí es donde se anida la sospecha y el escepticismo, la desconfianza natural hacia un poder opaco y la decepción que genera un apoyo total que precede al análisis. Por eso la pregunta ya no es qué reforma viene, sino para beneficio de quién… y contra quién viene. Ya veremos.
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