CHISPAZO/ Felipe Guerrero Bojórquez
ELECCIONES BARATAS, DEMOCRACIA CARA.
La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Reforma Electoral con una premisa atractiva: reducir costos, hacer que todos “salgan a buscar el voto” y adelgazar estructuras. En el papel suena razonable, pero en los detalles, no tanto.
Es cierto, la Cámara de Diputados seguirá teniendo 500 integrantes: 300 de mayoría relativa (ganadores de distrito) y 200 de representación proporcional.
La diferencia está en cómo se elegirán esos 200.
La mitad serán “mejores perdedores” (segundos o terceros lugares según la votación de su partido).
La otra mitad se elegirá mediante listas abiertas no bloqueadas, donde el ciudadano votará por dos nombres (un hombre y una mujer). ¿Las listas engorrosas del acordeón?
Lo anterior significa que se elimina el esquema tradicional de plurinominales designados por las dirigencias y se traslada al voto directo.
En teoría todo aparenta mayor legitimidad, pero en la práctica se correrá el riesgo de proliferación de “acordeones” como ocurrió con la elección judicial. Sin duda reinará la inducción del voto y la competencia interna feroz que podría debilitar la representación real de minorías.
El otro golpe es que la reforma propone reducir en un 25% el gasto electoral. Lo que obviamente se traduce en menos recursos para Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). Igualmente habrá menos
prerrogativas para los partidos y menos tiempos en radio y televisión.
En una palabra, lo que propone la Presidente Sheinbaum son elecciones más baratas, ahorrar dinero aunque no sea esto el objetivo central de un sistema electoral, sino generar confianza. La democracia barata puede salir cara si erosiona la credibilidad del árbitro y del conjunto que hace posible el proceso comicial.
Por eso, otros de los temas que más preocupan de la reforma, justificado en el «ahorro», es la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), donde se centra el núcleo del debate.
La Presidenta plantea eliminar el PREP y pasar directamente al cómputo el mismo día de la elección, lo que ha traído diversas reacciones, principalmente de los ex consejeros del antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), quienes advierten que eliminar el PREP es regresar a la lógica previa a 1988, cuando la información tardía y la «caída» del sistema abrió la puerta a sospechas históricas, por lo que este instrumento ha coadyuvado a tener resultados más confiables.
¿Qué podría pasar si se aprueba eliminar al PREP de la elección? Los resultados podrían tardar días, se generarían vacíos informativos, aumentaría la suspicacia y crecería la tentación de cuestionar (o manipular) cifras.
El PREP nació precisamente para evitar que “se cayera el sistema”. Cancelarlo bajo el argumento del ahorro no parece algo administrativo-técnico-operativo, más bien parece un calculado propósito político.
Del mismo modo la Reforma Sheinbaum plantea la llamada democracia participativa y hasta topes salariales. ¿En qué consiste? En impulsar más consultas populares, en reducir regidurías en función poblacional e imponer topes salariales a a diputados locales. He aquí siempre «el ahorro» presente hasta en los estados y municipios.
Las anteriores medidas, aisladas, pueden sonar razonables, pero el riesgo está en el conjunto porque el hilo conductor es concentrar el poder electoral mientras se debilitan contrapesos administrativos y presupuestales.
La otra pregunta fundamental es que, de aprobarse como seguramente así será, ¿quién gana y quién pierde con esta reforma? Morena, por simple aritmética electoral, seguiría siendo el partido con mayor financiamiento y los partidos pequeños perderían margen de maniobra. El INE perdería capacidad operativa, la ciudadanía perdería información en tiempo real y la sospecha se impondría.
Es cierto, la reforma no elimina elecciones; tampoco cancela votos y no desaparece la representación proporcional. Pero eso sí, modifica tres pilares nodales del sistema electoral mexicano: La arquitectura de la representación, la estructura financiera del árbitro y la transparencia inmediata del resultado.
Reducir el costo de la democracia como lo plantea la Reforma Sheinbaum pudiera ser legítimo, siempre y cuando no se reduzca la certeza del proceso electoral y la credibilidad del árbitro. Y es que, al final, cuando el sistema electoral deja de generar confianza, ya no importa cuánto haya costado, si poco o mucho, lo que importa es cuánto puede costarnos después en términos de libertad y estabilidad social.
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