Entre los primeros temas que recibo para la revisión de la Constitución de nuestro Estado, a cargo del Secretariado Técnico (SECTEC) creado por la LX Legislatura a iniciativa del Senador Higinio Martínez, me llama la atención uno que tiene que ver con un tema central de nuestra misión, que rebasa la capacidad de atribuciones delegadas a las Entidades Federativas. Esta propuesta parte de una pregunta que desde 2004 repite anualmente el llamado “Latinobarómetro”: “¿Diría usted que su país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?” 90% de las respuestas en México se han referido a los grupos poderosos. La respuesta es casi unánime.
Desde luego que este resultado no significa que el gobierno beneficia a los grupos poderosos y además es corrupto, esto último tendría que ver precisamente con las reglas que ordenan la vida cotidiana y la impunidad.
La promoción de políticas gubernamentales en detrimento del interés general de la sociedad, que se observa en los resultados de inequidad y concentración de la riqueza, finalmente es lo que debilita las bases institucionales de la democracia.
El resultado es quién y cómo se beneficia de lo que los economistas llaman “la renta”, es decir el beneficio del aprovechamiento de los recursos, los medios y el trabajo. De ahí cómo el ejercicio de influencia sobre el proceso de formulación e implantación de políticas, por parte de una élite, puede promover intereses particulares en detrimento del interés general de la sociedad, y cuyo resultado se aprecia en la distribución y apropiación de ese beneficio.
El beneficio del rentismo identifica un modo de comportamiento de las élites políticas y financieras, la perpetuación de las estructuras que fomentan la desigualdad, y mezclan al poder económico con el poder político.
Algunos expertos les llaman “privatizadores del poder público”, que corresponden a poderosos grupos de interés que no respetan los derechos de los ciudadanos, obteniendo “privilegios legales”, ya sea con subsidios, baja fiscalidad, elusión, permisividad de abusos y arbitrariedades, concesiones abusivas, empleos simulados, entre otros, así como diversos privilegios francamente ilegales, conflictos de interés y sobornos.
Con diferentes mecanismos y matices, se acusa que vivimos en democracias prisioneras, para mantener los privilegios de los pocos y establecer una especie de puerta giratoria entre cargos públicos y privados, financiamiento partidario, cabildeo, secrecía gubernamental y falsa rendición de cuentas. La pandemia ha resaltado el daño de esos privilegios, como sucede en cada tragedia derivada de los fenómenos naturales.