
ABERRACIÓN Y DESQUICIO
CHISPAZO
Felipe Guerrero Bojórquez
Son casos terribles de locura que genera ese poder, que lo que menos le importa es la libertad de expresión. Intolerantes, soberbios, desquiciados, concentran y utilizan todos los instrumentos posibles para aplastar a quienes consideran “adversarios y enemigos”, aunque sean ciudadanos con todo el legítimo derecho a manifestar su inconformidad a través de su pensamiento, de su palabra.
Casos de represión abundan en México contra todos aquellos que han señalado y cuestionado a regímenes autoritarios. Personajes de la historia que en cada una de las etapas de nuestro país fueron perseguidos, encarcelados y asesinados. Las represiones masivas, como la masacre del 68 por clamar más democracia y libertad de expresión. La muerte de cientos de periodistas por defender los principios para informar libremente.
Pero hoy la mediocridad de la mayoría de quienes nos gobiernan y la emergencia de una línea autoritaria domada por el odio y el abuso, se lanza sin piedad sobre los que disienten, utilizando las instituciones para ir, en este caso, contra simples ciudadanos y comunicadores que expresan sus opiniones, las que los del poder hacen parecer como violentadoras de la norma. Ahora resulta que la mentada “ley contra la violencia política en razón de género” la aplican contra cualquier expresión que ellos piensen e interpreten como agresiones. No, no es lo que diga un texto, es cómo lo interprete un tribunal y sus magistrados, sobre todo aquellos identificados con una ideología o interés político.
Fue el caso del que escribimos este jueves y que ayer mismo lo abordó la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo tardíamente que la medida impuesta a Karla María Estrella había sido un “exceso”; esta ciudadana de Hermosillo, Sonora, quien se tiene que disculpar por 30 días luego de criticar en X a la diputada federal Diana Karina Barreras, según la indicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La usuaria debe hacerlo sin mencionar a la legisladora, llamándola “Dato Protegido”. Como lo escribimos ayer, esta diputada del Partido del Trabajo es esposa del también diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, líder de la fracción parlamentaria de MORENA en la Cámara de Diputados. Y en lugar de que el TEPJF se fuera sobre Karla María, interpretando a su modo lo que expresó, ¿Por qué los magistrados no partieron de la idea de que la relación política entre los esposos diputados representaba efectivamente un acto de nepotismo? Ahora resulta que señalar eso es “violencia política de género”. Qué a toda madre, escudándose en figuras jurídicas a modo para fregarse en una ciudadana que no tiene fuero, cuya acción se reduce a la palabra de frente al poder y protección jurídica que tiene la acusadora, quien en la demanda que interpuso exigió se le nombrara como “dato protegido”. ¿Cómo se le llama a eso? ¿No es al revés, una figura que debe dar la cara porque representa a la sociedad y se esconde en el «dato protegido» para, al mismo tiempo, humillar y exhibir a una ciudadana?
El otro caso que representa una resolución demencial que violenta todos los derechos universales del hombre, propia de la inquisición y de las más aberrantes dictaduras, es lo que ocurre en Campeche con el periodista Jorge Luis González de 71 años y con 50 de carrera periodística, a quien la jueza de control interina del Sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha, le impuso la presencia de un “censor” durante la transmisión de su programa “Expediente”, que se transmite todo los viernes, para que le revise todas las notas antes de publicarlas y “que se consulte a “Derechos Humanos” para que ellos aprueben o no la información antes de salir al aire. Así como usted lo lee. No, no es guion para una película donde se narran las atrocidades de un gobierno totalitario y extremista. Eso ocurre hoy, en pleno Siglo XXl en Campeche, donde gobierna el extremismo de la señora Layda Sansores, fanática seguidora de López Obrador. Solo personas desquiciadas pueden promover este tipo de aberraciones.
Caso muy conocido es el de Héctor de Mauleón, a quien el Tribunal Electoral de Tamaulipas impuso medidas cautelares junto al diario El Universal. El reconocido analista escribió una columna denominada “Huachicol y Poder Judicial de Tamaulipas”, donde denuncia posibles vínculos entre actores políticos y redes de corrupción en la entidad y en la que mencionó a Tania Contreras López, en ese tiempo candidata a magistrada del Poder Judicial, familiar de Juan Carlos Madero Larios, señalado y conocido públicamente como “huachicolero”. Además, Tania Contreras, acusada de ser la candidata fuerte de MORENA. Eso bastó para que ante una denuncia por “violencia de género”, el Tribunal con magistrados morenistas, ordenara que se “bajara” la columna y que El Universal no la publicara.
Si, lo que usted ha leído en este espacio es neta y solo cabe en el espíritu represivo de quienes hoy gobiernan y conducen al país hacia una dictadura. De eso ni duda cabe. Esto apena empieza. Es un aviso. Hay que esperar a que el nuevo Poder Judicial entre en funciones, que el INE se termine de morenizar, que todas las policías del país se militaricen, que la Cámara de Diputados quede integrada solo por 300 diputados de mayoría y MORENA siga conservando el control absoluto; es decir que quienes ahora aún no ven, no perciben lo que está ocurriendo y está por ocurrir; a los que ahora los domina el miedo o el valemadrismo, sepan, llegada la hora plena, lo que es amar a Dios en tierra de indios. Ya veremos
(Feed generated with FetchRSS)