ANÁLISIS DEL PLAN ESTATAL DE
DESARROLLO PARA SINALOA
(Seguridad Pública)
Por Josué Javier Ontiveros García
Después de dar a conocer el Gobernador Rubén Rocha Moya, su Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Ante medios de comunicación, diputados locales, presidentes municipales, secretarios de estado y representantes de la sociedad civil, en el Museo de Artes de Sinaloa el pasado 27 de abril del presente año.
Sentando las bases rectoras de su administración, cumpliendo así lo establecido en la ley, que después de la toma de posesión como gobernador constitucional, este tendrá un periodo de seis meses para presentar su Plan Estratégico de Gobierno a la sociedad sinaloenses. Ello con el objetivo de hacer realidad las promesas de campaña con las que se comprometió y cumplir las necesidades más importantes de los sectores de la población más vulnerable.
Se habla de una transformación verdadera y una construcción de un estado de bienestar “que nadie se quede atrás, ni nadie se quede fuera” pero la realidad solo son palabras.
Sin embargo, después de hacer un análisis en el rubro de la Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, se observa un planteamiento muy general del tema, sin especificar las estrategias concretas de cómo se atenderá esta problemática que tanto exige la ciudadanía. Se enmarca una real coordinación de los tres órdenes de gobierno para atacar el flagelo de la criminalidad organizada.
En el mismo documento se afirma una disminución de los homicidios dolosos, pero a la vez un aumento del homicidio culposo, así como el repunte de los delitos de violencia familiar, feminicidio, robo de vehículo y desaparición forzada.
Se reitera una constante capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública, así como una contratación de más personal, por existir un déficit en estas áreas. Como una propuesta novedosa del gobierno menciona la creación de la Policía Estatal de Caminos como una forma de brindar seguridad en las carreteras a través de operativos, para contribuir a la prevención del delito.
En el tema de infraestructura, se agrega la construcción de tres bases de Policía Estatal Preventiva, para tener una reacción inmediata en atención de emergencias en las zonas serranas de nuestro estado. En el rubro de sistema penitenciario, es atender la obligación constitucional del gobierno de la reinserción social de las personas privadas de su libertad a través del trabajo, educación, deporte y de atención a la drogadicción; asimismo una real separación de hombres y mujeres de las áreas de sentenciados y de detenciones preventivas, la actualización del sistema informático de registros para una mayor agilidad de los cuatro centros penitenciarios.
Se establece como medida de prevención y atención a los jóvenes de entre los 12 y 29 años de edad, la implementación de campañas para combatir el tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y la narcocultura que tanto daño nos hace a través de los estereotipos predominan en el estado de Sinaloa.
Por último, se hace énfasis en la creación de un nuevo modelo de seguridad publica y esto en armonía a las políticas públicas de combate a la delincuencia del Gobierno Federal, en la creación o cambio de denominación de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual no ha funcionado.
Para ello, nosotros analizamos que la información tomada de las fuentes formales consultadas, no se encuentran actualizadas ni existe certeza en la información, como lo es el INEGI que realizan estadísticas cada diez años, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realiza supervisiones aleatorias a los estados de la república, platean normas a nivel internacional de los centros penitenciarios en base a recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, sin realizar un seguimiento en sus informes vinculatorios.
Lo realmente necesario y se debe de atender de manera inmediata es otorgar mayor presupuesto a la seguridad pública, procuración y administración de justicia, difundir campañas contantes de prevención del delito y ejercer de manera transparente los recursos públicos.
Finalmente, se propone de manera urgente atender las necesidades laborales de los servidores públicos, para dar certeza a sus derechos sociales, por ser necesario para todas y todos los trabajadores de estas áreas; ello contribuirá a dar solides a las instituciones y generará mayor confianza a los inversionistas para reactivar las actividades económicas.
Llama mucho la atención que el mandatario manifieste su convicción de compromiso con la justicia, que desde el punto de vista dogmático se define como “dar a cada quien lo justo y en su exacta dimisión”, la verdad no será posible cumplir esta justicia para aquellas mujeres y hombre víctimas del delito de homicidio y feminicidio.
Por otro lado, señala su convicción de presentar un gobierno humanista, por lo que a seis meses de su administración deja mucho que desear, en el sentido que no se cumplen, ni se dignifica la vida pública de todos los trabajadores. Hace énfasis en que seamos vigilantes de su gobierno y que no dejemos de hacer los señalamientos; pero lo cierto es que ni nos oye, ni nos escucha.
El ejecutivo del estado afirma que será vigilante de su gobierno, para prevenir que no se beneficien sus funcionarios con negocios ilegales desde el poder y del sector privado. Pidió a los partidos de oposición y medios de comunicación que lo supervisen a él y a su familia y a todo su gabinete. Que será respetuoso del ejercicio de la ley, promotor del dialogo y la negociación como método para dirimir conflictos.
Pero en la realidad el mandatario no lo hace, realiza declaraciones que, en lugar de brindar estabilidad política, lo que hace es avivar el fuego, al referirse de manera contundente que su propio Secretario de Salud, busca boicotear su administración. Por tal motivo, desde el punto de vista personal “si tiene esa certeza” de lo que declara tan fácil es pedir la renuncia a quien no esté de acuerdo con la manera de dirigir su política de gobierno.
En conclusión, no vemos nada nuevo en este Plan de Desarrollo Estatal referente a la Seguridad Pública, estrategias de prevención de los delitos y sobre todo en atención a las demandas inmediatas de todas y todos los trabajadores, lo que se ve que está plagado de puras buenas intenciones pero que no resuelve el problema de fondo.
