Genaro García Luna y Tomás Zerón de Lucio tienen razones para sonreír: el ex secretario de Seguridad por el chistorete de un fabuloso pero fantasioso acto de corrupción y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal por la decisión judicial de restituirle la escolta personal y de su familia.
Del primero, el presidente López Obrador informó de “un contrato que firmaron, dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna; un contrato para capacitar a funcionarios por 19 millones de dólares, y se deben casi 6 millones. ¿Saben que lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas? ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media…”.
La misma tarde, Hacienda precisó que se revisaron “contratos celebrados entre 2012 y 2017 con la empresa denominada Nunvav Inc. que ha sido señalada como pieza clave para la triangulación de recursos en el caso García Luna”, uno de ellos por 19 millones 848 mil dólares, “con una vigencia anual entre el 27 de julio de 2012 y el 27 de julio de 2013, que presenta adeudos vigentes de pago por 5 millones 954 mil 400 dólares, 30 por ciento del monto total del contrato. El objeto del contrato se estableció para: suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Federal, CPS 12 Guanajuato”.
Del segundo, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, ordenó a la Fiscalía General de la República restablecerle su servicio de escoltas: 24 elementos, cuatro carros blindados y cuatro más de seguimiento, que en 2019 se le redujeron a 15 agentes, tres vehículos antibalas, dos ligeros y una moto que, con la orden de captura en su contra, le fueron retirados en su totalidad.
Lo hilarante es que donde quiera que se encuentre (según la FGR está en Israel), es imposible que se acate la decisión del juez (al menos respecto a su custodia individual).
García Luna, en cambio, podrá beneficiarse del chisme, ya que de mucho le servirá en su proceso formal el juicio anticipado, público y condenatorio de que ha sido sujeto en México sin otro sustento que la acusación de la fiscalía neoyorquina.
De su probable “vinculación” con Nunvav, lo cierto es que esta empresa, como también ICIT, pertenece a Samuel Weinberg y su hijo Alexis. Son contratistas del gobierno prestando servicios al extinto Cisen y las aduanas desde que Francisco Gil Díaz trabajaba en el salinato.
Pero aguas: frecuentemente calumnioso, en el sospechosismo, caben otros que perturban más que García Luna:
Julia Abdala vendió a su prima hermana Silvia Pinto de Weinberg (mamá de Alexis) el edificio en Polanco donde opera ICIT Privaty Security.
La señora Abdala es compañera de don Manuel Bartlett Díaz y me parece abominable que también se les quisiera “vincular…”
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