CHISPAZO
DE LA DENUNCIA MEDIÁTICA A LA DENUNCIA MINISTERIAL
Felipe Guerrero
La denuncia pública hecha por Jocelyn Hernández, ex subdelegada de Bienestar en Sinaloa, en el sentido de que cientos de tarjetas de beneficiarios fantasmas fueron reportadas, por el propio gobierno, como perdidas o robadas, es grave, como tan grave aún es que afirme haber visto maletas de dinero para canalizarlas a la campaña del gobernador Rubén Rocha. Es, sin duda, un señalamiento valiente, pero que obliga a una aclaración en primera instancia y/o en su caso a una investigación ministerial para deslindar responsabilidades.
Y es grave además porque la denunciante fue o es funcionaria del gobierno federal y porque, en el caso de las tarjetas, dice haber notificado a sus superiores en el más alto nivel, señalando como responsable al Ing. Jaime Montes entonces Delegado de Bienestar en Sinaloa y hoy Secretario de Agricultura del gobierno estatal. Igualmente involucra, aunque no dice su nombre, a la ex alcaldesa de Guasave Aurelia Leal quien le exigía cobrar las tarjetas para hacer pagos en efectivo a los beneficiarios y «tomarse la foto».
Si la denunciante no va más allá del nivel mediático y no formaliza su denuncia, entonces estaría incurriendo en una omisión que la vuelve corresponsable de lo que señala, ya que ella igualmente cumplía con una función de gobierno y formaba parte de la misma estructura. Si ya dio el paso de la denuncia pública, tendría que dar el paso de la denuncia ministerial.
Es el mismo caso de «las maletas de dinero» que, se supone, ella vio, donde igualmente involucra a Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas.
Ambas denuncias son graves por su naturaleza y las pruebas aportadas o los testimonios mostrados al periodista Héctor de Mauleón, deben pasar legalmente ante quien corresponda porque, mas allá de que sea cierto o no, el caso quedaría como un asunto mediatico o podría refutarse como un acto de descalificación, propia de los procesos electorales.
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