CHISPAZO
Felipe Guerrero Bojórquez
ROCHA: TIEMPOS TRAEN TIEMPOS.
El gobernador Rubén Rocha sigue calentando el terreno. Ahora va por la cabeza del alcalde de Ahome Gerardo Vargas, a quien la Auditoría Superior del Estado lo denunció formalmente por presuntas «faltas administrativas graves» y por el probable delito «de ejercicio indebido de la función pública», lo anterior declarado hace unos días por la propia titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien evitó dar detalles al respecto.
La solicitud de declaratoria de procedencia del desafuero llegó a la Comisión Instructora del Congreso, con lo que prácticamente se inicia el juicio. Luego la Junta de Coordinación Política analizará el caso en sesión secreta, donde se informará a las y los diputados sobre el contenido del expediente de la Fiscalía. Luego vendrá si el desafuero procede o no, lo que es probable se conozca el próximo martes.
Lo extraño del asunto es que ni los legisladores conocen la sustancia del enjuiciamiento ni el presunto imputado, el alcalde Gerardo Vargas, sabe exactamente de que se le acusa. Trascendió que el edil, en apego a su derecho y a los procedimientos de auditoría, solicitó a la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, las observaciones correspondientes, en aras de solventar irregularidades en los plazos que marca la ley; sin embargo la funcionaria se habría negado aduciendo que en su caso «tenía indicaciones de arriba».
¿De qué se les acusa entonces a Vargas Landeros y a funcionarios de su administración? El único tema que ha salido a la luz pública, declarado por la propia titular de la ASE, es el relativo a las presuntas irregularidades detectadas en la renta de 126 patrullas con un monto de 171 millones de pesos, proceso en el que no hubo licitación pública. Sin embargo, todo esto data desde el 2021, período que se supone ya fue auditado y aprobada la cuenta pública. ¿Por qué hasta este 2025? Y por qué entonces, si se contaba con ese antecedente y otros, se permitió a Vargas reelegirse en el cargo? Es pregunta que debe responderse.
El juicio de desafuero de un alcalde morenista, de un municipio, Ahome, que está dentro de los primeros lugares en seguridad, llama la atención por que en esa lógica se trata de un oasis en medio de un desierto infernal, donde el municipio de Culiacán, la capital del estado, aparece como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pareciera una contradicción juzgar al alcalde con más méritos en el tema de la seguridad pública en Sinaloa.
Un personaje allegado al alcalde explicó que en el 2021, por la pandemia, era dificil comprar vehículos en el mercado nacional. Que habían heredado a lo sumo 15 patrullas y que la necesidad de contar con ellas era urgente. Por eso, añadió, se tuvo que apelar a la adjudicación directa porque la ley, en esas condiciones, lo permite. Esa es hasta ahora una de las justificaciones.
Pero más allá del porqué se plantea el desafuero de Gerardo Vargas, lo importante aquí es preguntarse si el gobernador Rubén Rocha, aunque niega que mete las manos, cuenta con la anuencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. O si considera que no lo ocupa, o si solo lo consultó con su equipo en las alturas, el Senador Adán Augusto López y el Diputado Ricardo Monreal, de quienes se dice no le hacen caso a Claudia Sheinbaum sino a López Obrador. Para algunos el hecho de ir por la cabeza de un alcalde de su mismo partido implica que tiene luz verde presidencial. Para otros solo obtuvo el visto bueno de los líderes parlamentarios. O bien se la está aventando por la libre. Total, la Fiscalía, el Congreso, la ASE y el Poder Judicial «son autónomos».
Una fuente de la Secretaría de Gobernación, comentó a este columnista, que la propia Secretaria Rosa Icela Rodríguez habría hablado con los gobernadores, «por instrucciones de Claudia», para que nadie se distrajera en otras tareas que no fuera el proceso electoral del Poder Judicial. La pregunta es: ¿Considera Rocha que el desafuero de un alcalde de su partido no es distraerse de la instrucción presidencial? Es solo una pregunta.
Más allá de las anuencias o no, de las instrucciones presidenciales o no, lo cierto es que a estas alturas ya no son las mismas condiciones con las que el gobernador defenestró al ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, al de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y le hizo la guerra a Héctor Melesio Cuén y a la UAS, utilizando el mismo patrón: Auditoría Superior, Fiscalía, Congreso y Poder Judicial.
Por supuesto, esto traerá una consecuencia inmediata: Agudizar aún más la crisis que en todos los sentidos padece Sinaloa y precipitar la sucesión por la gubernatura, para cerrar así un sexenio que, hasta hoy, se ha distinguido por la reyerta permanente, la falta de obra y el abuso de poder.
En el tiempo de la desgracia del Químico y Ferreiro, Rocha contaba con la fuerza política del inicio de su gestión y con el absoluto respaldo de Andrés Manuel López obrador pero, principalmente, no atravesaba, como hoy, por una terrible crisis de credibilidad producto de la guerra entre las dos facciones del cartel de Sinaloa. Es decir, el declive ahora, a parte de que ya está en su cuarto año de gestión, es proporcional a la velocidad de los hechos que han convulsionado política, social y económicamente a Sinaloa.
Hoy con Claudia Sheinbaum las cosas son distintas. Ella tiene otros datos hechos llegar por su gabinete de seguridad, principalmente por Omar García Harfuch, quien tiene muy claro la maraña de intereses que ejercen el poder en Sinaloa.
Un ejemplo claro del contrapeso de poder del Ejecutivo estatal de frente a Sheinbaum, es lo que significó el conflicto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde la intervención presidencial fue decisiva a favor de la UAS. ¿O a caso intervino otro poder? Como por arte de magia el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso retrocedieron exhibiendo de ese modo el abuso de poder y la sumisión. El rector Jesús Madueña no solo regresó a la rectoría sino que se reeligió
Por eso cuando se anota aquí que, en el caso de Gerardo Vargas, las condiciones y consecuencias serían distintas, es obligado hacer varias consideraciones.
Hay quienes lo ponen en duda, pero hay quienes hablan de la buena relación que tiene Vargas Landeros con la presidenta Sheimbaum. Si esto es así y se demuestra que su caso se está dando en el ámbito meramente político ¿intervendría la presidenta? Lo anterior supone que, como en los otros casos, se estaría utilizando a la ASE, la Fiscalía y al Congreso para descarrilar sus aspiraciones, juego ya muy visto en las altas esferas morenistas.
En la Secretaría de Gobernación se habla de documentos filtrados sobre obras del gobierno del estado, y otros municipios, adjudicadas de manera directa, lo que pondría en evidencia la parcialidad de la ASE y su motivación política en el tema Vargas Landeros.
En el caso de un desafuero visto como estrategia de presión y no de justicia, desde luego, ¿negociaría Gerardo Vargas su destino jurídico a cambio de su aspiración política? Es decir, se haría a un lado para dar paso a los aspirantes impulsados por el gobernador. ¿Se disciplinaría? ¿Contrario al Químico y a Ferreiro, se rebelaría atenido a su fuerza política denominada el «Gerardismo»? O esperaría una señal de muy arriba y se mantendría en «stanbay». Dicen que, sin embargo, no se quedaría con las manos atadas.
Independientemente de ello, el gobernador, Vargas Landeros y MORENA perderían todos con el desafuero. La crisis severa de seguridad que se vive principalmente en el centro de Sinaloa, y en partes del sur, ha debilitado la figura del gobernador, al grado de que la mayoría de las encuestadoras lo ponen máximo en los cuatro puntos. Es decir, no existen en el Ejecutivo estatal los antecedentes legítimos como para que la gente crea que el desafuero a GVL, es un acto de justicia y no un ajuste de cuentas de carácter político. Con el desafuero, la división del morenismo en Ahome se dará en automático, de hecho ya presente en el cierre de filas de la Senadora Imelda Castro y otros diputados a favor del alcalde.
Por cierto, una de las carta de Rocha, el Senador Enrique Inzunza, es políticamente el más vulnerable de todos los aspirantes al gobierno de Sinaloa. Tiene juego con el Senador Adán Augusto y con el diputado Monreal. Pertenece al equipo anti Sheinbaum. Y aunque jurídicamente podría estar protegido contra lo que históricamente se le acusa, en el ámbito político-electoral cualquier cosa puede suceder. Sheinbaum sería la que menos aprobaría candidaturas con antecedentes como los de Cuauhtémoc Blanco e Inzunza, aunque formalmente, por el momento, se encuentren protegidos. Por eso, igualmente, el gobernador Rocha guarda otra carta: La del alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez quien, como candidato a gobernador, tendría que remar, por el tema de la violencia, contra la inconformidad ciudadana principalmente en el municipio que hoy gobierna y que se alza con el padrón electoral más alto.
Hasta hoy en Sinaloa la violencia aumenta y no parece tener fin, no hay una sola obra pública importante acabada, distintiva del régimen, la economía ha decrecido peligrosamente y el abuso de poder desde muchas dependencias está a la orden del día. El nepotismo, el influyentismo, el amiguismo, el compadrazgo y el acuerdo con oportunistas de otros partidos políticos han sido el sello de la casa.
Con todo lo que ha ocurrido en Sinaloa ¿qué tantos méritos tiene el gobernador Rocha como para que le proponga candidaturas a Claudia Sheinbaum? ¿Hasta dónde su desgaste lo elimina para dejar sucesor? Lo cierto es que los Adanes Augustos y los Ricardos Monreal, pejistas y apoyadores del gobernador, esta vez ya no llevarán mano porque las 16 candidaturas a los gobiernos estatales para el 2027, las definirá la Presidenta.
Si de cualquier manera el gobernador logra descarrilar a GVL , provocará una crisis aún más severa, porque en la percepción de la gente se acentuará la idea de un mandatario que solo se dedicó al ajuste de cuentas, por lo mismo, sin resultados positivos para la sociedad. Por eso al gobernador le puede resultar más difícil llevar mano en la propuesta de candidaturas y en la operación de las campañas porque, además, estará muy observado por sus antecedentes del 2021 y el señalamiento de que es investigado por el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido no se descartaría que la presidenta Sheinbaum, tome directamente en sus manos el control del proceso electoral en Sinaloa, tal y como lo hace hoy con el tema de la seguridad pública. Tiempos traen tiempos.
(Feed generated with FetchRSS)