Paradoja quizá que mientras en Estados Unidos apresan al inmediato anterior secretario de la Defensa Nacional, en México apenas se enteren a través de un comunicado diplomático de que era investigado y, por otro lado, aquí no se llegue siquiera a concretar la detención con fines de extradición de Ovidio Guzmán al cumplirse ya un año del tristemente célebre “culiacanazo”. Para el presidente López Obrador se evitó entonces una posible masacre de civiles y quizá tenía sentido, pero el hecho es que luego de doce meses nada, pero nada se ha hecho por tocar siquiera a los cárteles de la región, no digamos reaprehender al hijo de su principal capo. Esto, naturalmente, no debe caer bien al Ejército que, a veces casi maniatado, sigue perdiendo vigencia y eficacia en la lucha contra el crimen organizado, como también pierde su prestigio y vidas de sus propios elementos. Y ahora, el asunto es que su todavía hace dos años máximo jefe, Salvador Cienfuegos, que pasó al retiro honrado y condecorado, está en vías de un largo proceso y, de ser encontrado culpable, una larga condena en una prisión de alta seguridad en la Unión Americana.
Cienfuegos es en efecto el militar mexicano de más alto rango perseguido y seguramente enjuiciado por los norteamericanos. En nuestro propio país los casos han sido contados, como lo fue el del general Jesús Gutiérrez Rebollo a quien primero se le encargó ser el “zar” antidrogas del país, capturó entre otros delincuentes al “Güero” Palma y luego, se le vinculó como protector del cártel de Juárez y del “señor de los cielos”. Fue destituido y detenido en una de las acciones más compulsivas del mismo Ejército bajo 14 cargos criminales, de los cuales se le exoneró en 12 y luego de unos 16 años en prisión, finalmente murió de cáncer. Y en el 2012, fue apresado el también divisionario Tomás Angeles Danahare, a quien señalaron “testigos protegidos” y el narcotraficante Edgar Valdez “La Barbie”. Este general apenas pasó un año tras las rejas.
Para las fuerzas armadas es ciertamente complicada la situación para cumplir con su cometido, sobre todo si se toma en cuenta que no debe olvidarse hay un “mando supremo” que es el presidente de la república. Además de constituir el frente de toda guerra al narco, el Ejército suele topar con el hecho de que combatir a un grupo del hampa puede implicar beneficiar a un contrario y la corrupción, esto es un hecho probable, puede representar los ataques de mayor intensidad a unos o a otros. Sin embargo, todo ello debe partir de un principio que tiene mucho que ver con las investigaciones ministeriales, con la actuación de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. A finde cuentas son los responsables más directos e las acciones y el Ejército es solo su coadyuvante.
Apenas se asoma este escandaloso tema y ya hay criterios encontrados sobre si hubo “maraña” en todo ello. El caso es que el general Cienfuegos, a quien se le conoció bien en Jalisco a su paso por la zona y la región militar, no solo figuró como soldado ejemplar, sino que fue cobijado con gran respeto por la tropa porque siempre la defendió aun con hechos como los de Tlatlaya o Ayotzinapa, buscó el retorno del Ejército a los cuarteles e incluso impulsó la abrogada ley para darle un estatus legal a la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad civil. Nada hay que apunte a que hubo coordinación alguna entre nuestro gobierno con el del vecino país para esta detención y virtual proceso, como tampoco la hubo con el caso de Genaro García Luna. El sector castrense debe sentirse mal ante todo ello, sobre todo hoy que el gobierno de la república le ha otorgado tantas funciones civiles. La historia del caso Cienfuegos apenas empieza y habrá que esperar, mientras, por todo el país, los cárteles y la delincuencia se mantienen, una vez más, un sexenio más, casi intocables.
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