CHISPAZO
CLAUDIA: ALIANZA CON LA SOCIEDAD O ALIANZA CON LOS CRIMINALES.
Felipe Guerrero Bojórquez
La lucha contra el crimen organizado en México no es estrictamente de inteligencia policial; no es solo combatirlo a base de enfrentar a su estructura armada y desmantelar su poderío financiero, sino de combatir a fondo al factor central que le ha permitido, en los últimos años, ejercer el poder político y cogobernar en diversas regiones del país.
¿Y cual es ese factor central que le ha permitido al crimen organizado formar parte de los gobiernos municipales, estatales e intervenir con grandes negocios en el ámbito federal? Ese factor lleva el nombre de burocracia política, y opera desde los partidos y desde los diversos niveles de gobierno.
Ha sido la clase política la que ha hecho alianza con el crimen organizado por tal de llegar al poder y, en mucho de los casos, ya fortalecido, la delincuencia es quien impone y hace ganar a sus candidatos a través de las siglas partidistas.
La divisa del régimen de la 4T lo dice todo: Abrazos, no balazos. Y efectivamente los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos obviamente para las víctimas, muchas de ellas clasificadas como del bando contrario, aunque sean inocentes.
A estas alturas, el problema de la inseguridad en el país ya no se circunscribe a la lucha del gobierno contra maleantes, sino debiera enderezarse contra un sólido muro llamado corrupción y que debilita seriamente las estructuras del poder constitucional.
En muchos municipios, y notablemente más en algunos estados, los criminales imponen o influyen en las políticas públicas a través de las dependencias que les interesa, como aquellas que tienen que ver con la obra pública, las finanzas, la seguridad pública, el comercio, los servicios como el agua potable y hasta el control de módulos de riego y la energía eléctrica etc.
Por lo general, en los municipios controlados por el crimen organizado, ellos imponen el orden a su modo porque se trata de controlar la plaza para que los contras no entren y al mismo tiempo hacer negocio con el presupuesto público.
Si en realidad la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, está decidida a combatir la inseguridad y la corrupción tendrá que cumplir con muchas de las cosas que prometió AMLO y no hizo, principalmente barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Las escaleras siguen sucias por todos lados y más sucios aún algunos que las suben y las bajan.
Más de 180 mil asesinatos dolosos en el sexenio lo dicen todo. Pero también las ejecuciones por motivos políticos de candidatos, gobernantes y funcionarios es un indicador claro de la lucha delincuencial por seguir ejerciendo el poder desde el gobierno.
Queda claro que la llamada tesis del “Estado fallido” se aplica fácilmente en algunas regiones del país, donde políticos y delincuentes conviven y comparten el poder público. A eso se le llama corrupción política, socavamiento policial y ineficacia judicial.
El llamado Estado fallido se distingue, de acuerdo a la concepción clásica del mismo, por “sus altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad ciudadana”. También por sus “altos niveles de terrorismo y narcotráfico” y por la “incapacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para responder a los dos puntos anteriores”.
Hay más sobre el “Estado fallido”, pero las de arriba son definiciones torales que dibujan muy bien lo que ocurre en algunas regiones del país donde el crimen organizado controla la vida diaria de sus habitantes.
La clase política, los partidos y el gobierno son una y la misma cosa en términos del ejercicio del poder y ellos son los directamente responsables de lo que hoy ocurre en el país en materia de inseguridad y debilitamiento del Estado. ¿Estará dispuesta Claudia Sheinbaum a hacer una alianza social por México para rescatarlo de las garras del crimen organizado? O seguirá la política de López Obrador de pelearse con todos quienes lo han cuestionado, menos con los criminales. Un gran reto, sin duda.