Ha pasado un año, pero Verónica y sus dos hijos aún recuerdan el sonido de las balas que golpeaban en los columpios donde los niños, de siete y nueve años, acostumbraban jugar. “Ni siquiera quiero recordarlo”, admite Verónica quien, además, es enfermera y ha visto como la pandemia por covid ha azotado con fuerza Culiacán, pero nunca como lo hace la violencia en Sinaloa.
El 17 de octubre de 2019, cerca de las tres de la tarde, Verónica alistaba la comida, mientras sus dos hijos se aventaban una pelota en el área de juegos de la Unidad Habitacional Militar, un conjunto de departamentos donde viven al menos 300 familias de militares en activo. “En instantes comenzaron a escucharse disparos, autos derrapándose y camionetas forzando el portón donde están unos militares. Sólo recuerdo que cargué a mi hija y salí corriendo por los otros, para que se metieran”.
Antes de ello, miembros del Cártel de Sinaloa sitiaron Culiacán. Hombres armados con fusiles de alto poder tomaron tráilers y camiones con los que cerraron los accesos de las avenidas principales como Obregón, Universidad y Colegio Militar. “El jueves negro”, como los sinaloenses han denominado al hecho, fue la respuesta de la organización criminal más poderosa en México a un operativo efectuado por militares para detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
En instantes la ciudad se paralizó. Virginia Soto, integrante del grupo Sabuesas Guerreras y quien busca a su hermano Pedro, desaparecido desde 2017 en esta ciudad, recuerda que sintió “el mismo miedo que me abrumó cuando supe que a mi hermano se lo habían llevado”. En Culiacán hay más de mil 300 desaparecidos, la mayoría de ellos fueron “levantados” por personas vestidas de policías o militares con armas “iguales a las que usaron el jueves negro”, cuenta Virginia.
Esa tarde, ella se dirigía del centro de Culiacán, con su hijo de 15 y su pequeña de cinco años a su domicilio, en un camión de la ruta Nuevo Culiacán. “De pronto el chofer se detuvo y nos dijo que nos bajáramos, que él se iría a su casa porque todo estaba cerrado y los balazos le estaban dando”.
Virginia corrió desde la Avenida Universidad hasta un supermercado, donde otros también se resguardaban de los tiros que se escuchaban como “cohetones al aire, incluso todo empezaba a oler a pólvora y humo”. Videos y fotos comenzaron a inundar los chats de whatsapp. Las redes sociales como Twitter y Facebook se llenaban de alertas de cientos de personas que como Virginia grababan lo que ocurría a su alrededor.
“Cuando cesaron un poco los balazos, nos salimos del supermercado y le llamé a un amigo que vive cerca para que nos resguardara. Mientras cruzaba la calle, un camión de refrescos se incendió y cuando mi hijo grababa, explotó. Más corrimos”, recuerda.
“Luego el video apareció en los noticieros y hasta en páginas de medios internacionales”, cuenta. Virginia y sus dos hijos se resguardaron en el taller del colectivo Juan Panadero, un grupo de diseñadores y artistas que apoya a víctimas de la violencia.
Ahí también pasaron la noche, nueve personas, además de Dante y Mariel quienes apoyaron a otros que como Virginia se encontraba en riesgo y cerca de donde hombres armados patrullaban un camión modificado con una bazuca en la caja del vehículo.
“Así como lo ves en las películas, la ciudad de repente estaba en fuego, incluso llegaron al penal y fueron a liberar hombres para que se unieran a los enfrentamientos, a ese nivel estaba la reducción del estado”, recuerda Mariel Yee, integrante del colectivo Juan Panadero.
Mientras ello ocurría, un comando ingresaba a la Unidad Habitacional Militar, donde la familia de Verónica se resguardaba de las balas. Dos militares en descanso fueron secuestrados del lugar y al menos cinco personas resultaron heridas.
Hacia las cinco de la tarde un video circulaba de nuevo en los celulares de los sinaloenses. Era la voz de Ovidio Guzmán pidiendo a los hombres armados “que pararan todo”, aunque testimonios coinciden en que los disparos no cesaron hasta la mañana del día siguiente.
La Comisión de Atención a Víctimas reconoció a 40 personas como víctimas de los hechos, seis de ellos víctimas mortales y poco más de 30 que reportaron afectaciones a sus vehículos, además de una decena de heridos.
Fidel González, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, dijo a FGTelevisión que esa comisión no cuenta con lo recursos suficientes para la atención de ellos, ni de las 2 mil 800 víctimas que ha recibido esa comisión en menos de un año por diversos delitos en el estado.
“La verdad es que le debemos a todo mundo con las funerarias, los hospitales, les debo y tienen razón, pero conforme vamos pudiendo vamos pagando algunos asuntos, pero no queda más que seguir trabajando con lo que tenemos”, señala.
González reconoce que la cifra de víctimas es mucho mayor, pero que buena parte de las personas afectadas no se han acercado a denunciar por temor a represalias. “También están las cientos de víctimas que ese día sufrieron perdidas o cuya vida se afectó y no se reconocen como víctimas”. Personas como Verónica que, a un año de los hechos, prefiere no recordar.
RLO