Dos años de 4T: pavimentar el camino


Dos años de 4T. El principal argumento a su favor es la urgencia de un cambio de dirección frente al desastre que construyeron los gobiernos neoliberales: no más corrupción ni privilegios para los siempre favorecidos y mejoría en las condiciones de vida de los siempre excluidos, fin a la burocracia dorada. Con la excepción de la afirmación de que el neoliberalismo es la causa de todos los males del país y que solo causó daños (lo cual es falso), el resto del argumento es atendible.  

Los logros que exponen los seguidores de AMLO es que realmente se reencauzó la política. Toda. En materia social ofrecen el argumento de que, si se ha perjudicado a los pobres al cancelar programas como el Seguro Popular, los gobiernos anteriores también lo hicieron (como si los errores de sus antecesores lo exculparan de hacer lo mismo) pero la diferencia es que este gobierno ha canalizado 700 mil millones de pesos a los pobres (Jorge Zepeda en Sin Embargo, 27 de noviembre). El problema es que esa cifra es falsa. Según la SHCP, el presupuesto de los programas prioritarios de AMLO es de 277 mil mdp, cifra muy lejana a los 700 mil, y de esos la mitad ya se entregaban vía otros programas como Prospera, pensiones a adultos mayores, etc. En otras palabras, el incremento neto no llega a los 150 mil millones. Cantidad minúscula frente a los 11 millones de nuevos pobres que ha dejado la crisis económica. 

Y para otorgar ese incremento marginal, como se ha negado a hacer una reforma fiscal, ha tenido que desmantelar una buena parte de servicios y proyectos de gobierno estratégicos como inversiones en infraestructura, medio ambiente, desarrollo agropecuario, cultura, ciencia. Si bien el gasto social aumentó, los recursos para el desarrollo económico disminuyeron 160 mil mdp con respecto a 2016, y por ello, en vez de recuperar lo perdido por la crisis en dos años, se requerirán cuatro, lo que significa más pobreza por escasez de empleos. En suma, mucha retórica y más pobreza. 

En cuanto a la corrupción, en lugar de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, se le combate fundamentalmente mediante escándalos mediáticos para uso electoral, sin atender seriamente los procesos judiciales y con una permisividad y omisión escandalosa en lo referente a las denuncias de corrupción de los cercanos al presidente. Discrecionalidad y uso político de la justicia. ¿Algo nuevo? ¿Fin de la corrupción? Por favor. Otra vez, retórica para uso electoral. 

Con respecto a ponerle freno a la voracidad y privilegios de empresarios y burócratas, se aplicó la austeridad en el gobierno y a las grandes empresas se les “convenció” de pagar íntegros sus impuestos actuales y anteriores, y está por desterrarse el outsourcing para impedir que se hagan más ricos a costa de condiciones de trabajo deplorables. Tres hechos loables. Lástima de los medios utilizados y los costos: la austeridad no solo eliminó gastos superfluos, provocó la pérdida del mejor capital humano del gobierno y ha paralizado cientos de dependencias; la persecución fiscal punitiva en exceso (evasión fiscal igual a crimen organizado y prisión preventiva obligatoria) ha contribuido a incrementar la desconfianza en el gobierno y a frenar la inversión privada y si no modifican la ley del outsourcing se generará un desempleo masivo en los próximos meses. Y falta comentar la regresión autoritaria, pero ya será en otra ocasión. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. En los cuatro años que quedan, seguro lo pavimentan.



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