Al berrinche del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de convocar a una consulta ciudadana para sacar a su estado del llamado Pacto Fiscal, le siguieron los de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Nuevo León, de la llamada Alianza Federalista. Reclaman autonomía con recursos ajenos y en su intento por aumentar su popularidad a costa de falsas dignidades, terminarán agachando la cabeza ante sus electores, no solo por la inviabilidad política de su propuesta sino por su incapacidad para generar recursos propios de forma eficiente.
La Ley de Coordinación Fiscal, más conocida como el Pacto Fiscal, establece una bolsa común de recaudación en los estados, cuyos recursos se distribuyen en proporción a las necesidades de las entidades como tamaño de la población, desigualdad, pobreza, PIB y, en menor proporción, al nivel de recaudación. Esto con el objetivo de que los estados con menos población y recursos sean partícipes de la redistribución.
Dicho Pacto no exime a las entidades de generar impuestos locales para aumentar los ingresos de sus arcas públicas. Sin embargo, ante la decisión política de asumir el costo electoral de cobrar nuevos tributos, han decidido no hacerlo. Si los gobernadores quieren someter a evaluación el Pacto Fiscal que sea para establecer un pacto más redistributivo y para que asuman su chamba a nivel local, y no para acrecentar los niveles de desigualdad en México.
Los estados tienen un importante espacio de recaudación fiscal que se ha visto reducido en los últimos años. Es fácil hacer política así, o más bien politiquería, con recursos ajenos. Quieren independencia pero que los sigan manteniendo porque la mayor parte de los recursos que utilizan para la operación de sus gobiernos proviene de la federación.
Según un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, las transferencias de recursos de la Federación a estados y municipios representan la mayor parte del ingreso total de las entidades federativas, con poco más de cuatro de cada cinco pesos.
De acuerdo con el mismo estudio, los estados cuyos representantes manifestaron su deseo de salir del Pacto reciben ingresos federalizados como proporción de sus ingresos totales, en la siguiente escala: Jalisco, en un 89.4%; Aguascalientes, 84,3%; Michoacán, 92.3%; Guanajuato, 82.1%; y Nuevo León, 71.1%.
Para los cambios propuestos, no sólo sería necesaria una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal — la cual requeriría de la aprobación de la Cámara de Diputados—, sino que las entidades tendrían que renunciar a los ingresos petroleros, pues el ISR e IVA son propiedad de la federación y constituyen el mayor aporte.
En época electoral, cualquier pretexto es bueno para sacar réditos políticos y el 2021 está a la vuelta de la esquina. Si quieren ser los hijos que reclaman independencia porque se hicieron a un salario mínimo, no pidan que el padre les mantenga el coche, los lujos y una deuda por más de 11 mil millones de pesos. Puras balandronadas.