En la entrega pasada iniciamos el análisis de las transformaciones que ha tenido el sistema jurídico con la 4T. Revisamos la dinámica de reformas a la Constitución que, aunque intensa, no muestra un patrón anómalo en la práctica constitucional mexicana. Ahora toca el turno a la actividad legislativa.
Por efecto de la sobrerrepresentación, Morena y sus aliados gozan de una cómoda mayoría legislativa en ambas cámaras (la coalición Juntos Haremos Historia logró 45.9 por ciento de los votos, pero se le asignó 61.8 por ciento de la Cámara de Diputados). Esto le da un enorme margen de maniobra que ha utilizado ampliamente. Por ello, no sorprende que en el ámbito legislativo pueda identificarse una clara huella de la 4T.
En efecto, entre septiembre de 2018 y el 8 de diciembre de 2020 se han expedido 109 decretos que reforman más de un centenar de leyes generales y federales. Si consideramos que hay en total 303 leyes (excluyendo el presupuesto de egresos y los reglamentos legislativos) tenemos que se ha modificado casi un tercio de la legislación federal. En una tasa de cambio muy significativa.
En cuanto a temáticas, destacan en primer lugar las leyes que desarrollan reformas constitucionales. Entre ellas sobresalen la legislación en materia laboral y de seguridad social, educación, guardia nacional y seguridad pública, extinción de dominio, combate a la delincuencia organizada e igualdad de género.
Un segundo bloque lo constituye lo que llamaré legislación de austeridad, que ha implicado la expedición de dos leyes nuevas (remuneraciones de los servidores públicos y austeridad republicana), reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Responsabilidades y el decreto de extinción de los fideicomisos, que reformó 17 leyes y abrogó una.
Otras leyes llevan la marca de la casa, y constituyen piezas novedosas de legislación, como por ejemplo la Ley de Amnistía, la Ley de Economía Social y Solidaria, la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana o la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. En otros casos se trata de la reformulación de “leyes viejas” que se adaptan al T-MEC y adoptan la nomenclatura 4T, como la Ley de Infraestructura de la Calidad (que abrogó la Ley de Metrología y Normalización) o la “nueva” Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Muchas leyes tuvieron reformas específicas que respondieron a cambios institucionales o demandas puntuales. Otras refuerzan facultades de algunas autoridades (especialmente fiscales y de procuración de justicia).
En general la factura técnica de las leyes de la 4T deja mucho que desear y queda claro que el cambio legislativo responde a las prioridades políticas. Cuando la ley no alcanza, queda siempre el recurso a la acción administrativa. Sobre esto volveremos.
* Director e investigador del CIDE