La venta de productos covid, para la atención, tratamiento o prevención de contagios por coronavirus en el país son un negocio fructífero que hoy representa el ingreso para miles de familias.
La Cámara de Diputados aprobó una adición al Código Penal Federal para sancionar hasta con quince años de prisión el alza injustificada de precios en artículos de primera necesidad, productos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos en situaciones de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica.
Sin embargo, esto no contempla al mercado informal alrededor del covid-19 en prácticamente todo el territorio nacional, donde se ofertan en tianguis, en vía pública, en estacionamientos, afuera de centros comerciales, en los semáforos, entre vecinos, en páginas de Facebook y hasta por WhatsApp toda clase de artículos como los cubrebocas, gel antibacterial, caretas, guantes, crema anticovid, productos de limpieza y hasta remedios caseros o productos milagro.
El Código Penal Federal prevé actualmente sanciones de hasta diez años de prisión por acaparamiento, venta con lucro inmoderado y manipulación de precios de productos básicos, por lo que la reforma permitiría castigar esos delitos hasta con 15 años de cárcel en casos de desastre natural, riesgo sanitario o cualquier otra circunstancia catastrófica como lo es la pandemia.
El detalle está en que se desconoce si algún abuso en la venta de productos por las vías informales puede ser denunciado o evidenciado más allá de una publicación de redes; la ley aplica para solo el supermercado o la venta en línea pero no para quienes han hecho del coronavirus su Marketplace.
No es que se deba prohibir el libre comercio, pero sí debe existir una regulación social y hasta ética en la distribución de los productos.
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