En entrevista ,Rangel Mendoza habla sobre los problemas que se generaron a partir de la reorganización política y criminal en una entidad que había logrado vivir en una ‘pax narca’ hasta las elecciones pasadas, responde a las declaraciones del padre de la gobernadora Félix Salgado Macedonio -quien le pide no entrometerse en asuntos públicos- y crítica a los políticos que quieren minimizar la violencia, y a quienes se han hecho cómplices de los criminales, pero confía en que con los planes para rescatar al estado, ahora sí, el Gobierno de la República no abandone a Guerrero.

Salvador Rangel Mendoza conoce las entrañas del estado, las ha visto de cerca, habla con la gente, dice lo que piensa, y a veces de más; así como oficia una confirmación multitudinaria en la catedral de Chilpancingo también sube a la región de la montaña para escuchar a las comunidades indígenas que apenas hablan español, incluso en regiones en donde no existen servicios de Salud o la educación a distancia, convirtiéndose en una voz indispensable para tratar de entender un estado con mil 130 homicidios dolosos hasta octubre pasado, de los cuales 851 estarían vinculados al crimen organizado.

Es obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa habla sin miedo a políticos o caciques que minimizan la situación, o incluso ante grupos criminales ligados al narcotráfico que le ha emboscado e intimidado en las zonas más recónditas del Estado, y los que -acusa- comenzaron a gobernar en Guerrero.

Reconoce que la problemática no es nueva, pero critica lo que está en el fondo y que habría comenzado cuando la delincuencia se apoderó de las urnas.

“Atrás de muchos políticos, atrás de muchos gobernantes existen los grupos delincuenciales, en esta última votación del seis, el mismo crimen organizado puso a muchos presidentes municipales y algunos diputados. Es más, aquellos que no pudieron colocar, los están llamando ahorita a que se adhieran a sus propuestas”, advierte.

En el caso particular de Chilpancingo, dice, “logramos pacificar hace unos tres años y medio”, sin embargo, esa paz duró poco, hasta hace ocho meses “cuando un grupo sacó a otro grupo que estaba aquí”; y había un cierto entendimiento: que no mataran gente.

“Pero llegó este otro nuevo grupo y está haciendo lo mismo; secuestrar asesinar, cobro de piso levantamiento de personas”.

Las denuncias vendrían de los feligreses que han encontrado refugio en la diócesis, y que se habrían intensificado en los últimos meses derivados de esta reorganización politico-criminal.

“Sabemos también que Guerrero es rico en minería; el oro y la plata, también esos señores ya se adueñaron de las minas, tanto los dueños, como de los trabajadores, por lo menos yo sé que aquí en la zona cada año a cada trabajador le piden 10 mil pesos, más todo lo que tienen que dar los dueños de las minas, lo mismo la cuestión de la madera, pues crimen ya está diversificado.

“Controlan la carne de cerdo, la carne de res, controlan el pan, la cerveza, control el refresco en ciertas zonas de por lo menos de mi diócesis y de Guerrero pues se vende el refresco que ellos quieren que se venda, se distribuyen la carne al precio que ellos quieren, el pollo, o el huevo, es lo que estamos haciendo nosotros y es por ello que hecho una exhortación a las autoridades de nivel federal estatales y municipal que necesitamos se haga algo en bien de las personas.»

Las palabras del obispo y las denuncias que él recibe tienen números, que según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo, se han registrado 187 denuncias por el delito de extorsión en lo que va del año, 19 reportadas en octubre, y mil 827 amenazas, 184 de ellas en octubre.

A los políticos del estado, les hace un llamado y les pide “no minimizar el asunto” pues se tiene que hablar con la verdad y hablar con todos los actores; “y sobre todo, yo creo debe de haber un esfuerzo común en conjunto entre el gobierno federal, estatal y municipal, y las instituciones como la iglesia podemos cooperar a que se vaya pacificando”.