Los linchamientos, retención de funcionarios, venganzas violentas y otras formas ilegales de buscar justicia parecen tomar carta de naturalización en nuestro país. El nivel de popularidad y aceptación de la “Suprema Combi de Justicia” del Estado de México refiere el hartazgo ante la impunidad y la percepción de injusticia.
La Constitución de nuestro país prohíbe hacerse justicia por propia mano. A cambio, ofrece un sistema de justicia expedito (disponible), cuyas resoluciones sean prontas, completas, gratuitas y ante autoridades imparciales.
Lamentablemente, se está a mucha distancia de cumplir las promesas constitucionales. Según el Estudio Doing Business del Banco Mundial, en México un proceso mercantil en primera instancia dura en promedio 280 días.
Los tecnicismos y las asimetrías de los costos de la asesoría jurídica, en calidad y costos, propician una sensación de vulnerabilidad entre las personas, lo que erosiona la credibilidad de las instituciones y abre paso a los estallidos de violencia y actos arteros de autojusticia.
Se requiere empoderar a los ciudadanos, brindando mayores nociones de cultura jurídica y de herramientas para promover los derechos y la justicia a través de la cultura de paz, el diálogo y la empatía, ese ponernos en los “zapatos” de la otra persona.
Se considera que una de las instituciones de mayor empoderamiento de los ciudadanos es el sistema de juicio ante jurados: ciudadanos juzgando a otros ciudadanos, en donde los jueces dirigen los debates y cuidan las formalidades del proceso; pero los litigantes, los peritos y las personas en conflicto deben explicar en términos llanos a los miembros del jurado los hechos y las pruebas. Junto con las audiencias públicas y orales, es la forma más horizontal de justicia y de control democrático a las resoluciones judiciales.
En México no contamos con juicios ante jurados, pero se ha desarrollado un sistema de empoderamiento de las personas como es la justicia alternativa. Las partes toman en sus manos el conflicto del que son los protagonistas y, con la ayuda de un tercero imparcial y capacitado para abordar de manera integral los conflictos.
En México el año pasado 186 mil conflictos se canalizaron a la justicia alternativa. Más de 10 por ciento de ellos en Jalisco. A través del diálogo, se llega a convenios que equivalen a sentencias judiciales, a través de mediadores y conciliadores certificados (406 en Jalisco) en 163 centros públicos y privados en 28 de los 125 municipios del estado. En Jalisco 27.2 por ciento de las 35 mil resoluciones judiciales (9 mil 831 convenios de mediación y 26 mil 320 sentencias de los jueces) son convenios de mediación.
Es el porcentaje más alto del país (le sigue Quintana Roo con 15.2 por ciento). Más de la mitad de estos convenios (5 mil 26) son realizados por mediadores privados. Son ciudadanos ayudando a otros ciudadanos a resolver por sí mismos sus conflictos, sin costo para el erario, y con el aval y respaldo del Poder Judicial del Estado.
Es una gran noticia en un sector que demanda casos de éxito y en una sociedad que exige avanzar en la percepción de justicia.
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