Según el último Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de INEGI, actualizado a mayo de 2020, en México hay 53 mil 949 cámaras de video vigilancia. Sin embargo, ¿cuántas veces se habrá escuchado la historia de un secuestro, robo o accidente, en que alguna persona afectada busca acercarse a la autoridad para obtener evidencia y hacer valer sus derechos? Pero que justo ese día las cámaras no funcionaron, se las robaron, estaban dañadas o en mantenimiento.
Hace unos días, en busca de posicionarse como pioneros en la implementación de soluciones tecnológicas para la seguridad, Coahuila anunció que implementará el reconocimiento facial para mejorar las estrategias de seguridad. Entidad en la que hace un año se anunció la instalación de 1,300 videocámaras de vigilancia.
Ese anuncio ha motivado reacciones. Y es que suponiendo que todas las cámaras sirvan ¿cuál es el alcance que tienen para proyectar con nitidez la cara de las personas y recabar datos biométricos que permitan cumplir con la función de seguridad pública? Si tan solo se piensa en las fotos de delincuentes que publican los bancos en sus sucursales, la primera pregunta para ese reconocimiento facial en Coahuila sería respecto a la capacidad que tienen para funcionar sin incurrir en obtener información que ponga en riesgo las garantías de la ciudadanía. Es una tecnología aún errática con elevados niveles de falsos positivos y falsos negativos, de lo cual ya ha dejado evidencia en países en donde se utiliza como China.
Ahora bien, suponiendo que se supera el reto algorítmico y se logran controlar condiciones de luz, ángulo, cercanía con la cámara y todos esos requisitos para la captura de una imagen 100% útil, hay otros como el cruce de bases de datos para que el machine learning, como buen proceso estadístico, haga su trabajo; la regulación de cámaras de video vigilancia; protocolos para su uso; y uno no menos importante, saber qué se hará con toda esa información. Hoy la iniciativa privada recaba datos biométricos, pero con la salvedad de que son empresas que tienen rostro y el camino parece al menos más claro de ese lado para hacer valer acciones ante un mal manejo.
¿No será que aún no es momento de esas prácticas y se quiere poner un vidrio blindado nivel 5 a una casa que todavía está endeble en sus cimientos? Sería mejor un diagnóstico adecuado de las condiciones en que hoy operan todas las cámaras que ya existen en el país, de quienes se encargan de ellas y de las policías, antes de implementar fórmulas innovadoras y evitar que la inseguridad se siga riendo cada que pase por la cámara.
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