LA LEY MORDAZA DE PUEBLA Y SINALOA PARA ENCARCELAR A CRÍTICOS.
(Periodistas, analistas, opositores y ciudadanos)
Felipe Guerrero Bojórquez
El manotazo de la presidenta Claudia Sheinbaum fue directo, tajante y sin medias tintas: «No vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueve la censura». Lo dijo en referencia expresa al artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla. La llamada Ley Ciber-asedio o, como la bautizaron los poblanos, la Ley Mordaza para acallar la crítica y encarcelar periodistas, analistas, opositores y ciudadanos, tal y como también esta planteada en Sinaloa con la «Ley Guerra».
Alejandro Armenta, el dictadorcillo bananero que desgobierna Puebla, la mandó a diseñar a la medida de su primitivismo y, de la noche a la mañana, sin discusión ni oposición alguna como acostumbran los diputados morenistas en el país, la aprobaron. El artículo 480 del código penal, fue reformado para enviar a la cárcel a aquellos ciudadanos, opositores, analistas y periodistas que cuestionen al régimen, que no estén de acuerdo con sus actos y que lo expresen en redes sociales o a través de cualquier medio digital.
Por supuesto, detrás de esta norma inquisitoria, no solo se observa la intención de provocar miedo en los ciudadanos, de inhibir la participación social, bajo ambigüedades legaloides, sino de perseguir, de amordazar la crítica y la libertad de expresión. ¿Y quién evalúa cuando en las redes sociales un ciudadano se aparta de su legítimo derecho de expresarse para convertirse en un transgresor de la ley? Obvio, Alejandro Armenta y sus jueces.
Pero ante el descaro de este émulo de Daniel Ortega, el dictador que mantiene aterrorizado a Nicaragua, la sociedad civil poblana levantó la voz para rechazar una burda ley destinada a reprimirla, en vez de beneficiarla.
La protesta de la gente de Puebla no pasó desapercibida para la presidenta Sheinbaum, quien no se la acaba con los acontecimientos violentos del país y con una agitada y pesada agenda bilateral con Estados Unidos, como para que sus propios correligionarios le agiten más las aguas. Ojalá que el extremista que desgobierna esa entidad lo entienda y retire de inmediato esa medida tan estúpida como represora.
¿Y Sinaloa? Ahí les habla la presidenta Sheinbaum, porque andan por las mismas. La propia líder del Congreso de Sinaloa, Teresa Guerra, propone modificar también el código penal para tipificar penalmente como delito la violencia política contra las mujeres en razón de género ejercida a través de medios digitales. Se trata, desde luego, de una iniciativa, en el fondo, similar a la de Puebla donde el interés no está precisamente orientado a proteger a las mujeres violentadas y que pertenecen a la sociedad civil, sino a las que participan en la vida política y partidaria de Sinaloa. Ahora resulta que tampoco quieren que se les critique en las redes sociales o a través de medios de comunicación, y para ello lanzan la «Ley Guerra» como ya se le conoce a esta ley mordaza.
En Sinaloa, a diario se presentan casos de violencia doméstica y se han perpetrado asesinatos de féminas, la mayoría de ellos impunes, a pesar de la gran cantidad de denuncias; pero las instituciones encargadas de la justicia, los múltiples organismos oficiales disque para la defensa de la mujer y las propias diputadas, solo han ofrecido lamentos, declaraciones vacías, y apenas atinan a decir “estamos trabajando”. Puro rollo. No hay resultados tangibles.
Ahora sí, ante las críticas de algunos medios y de miles de ciudadanos que cuestionan a diario a la clase política inservible, y ante el acercamiento de los tiempos electorales, pretenden criminalizar las expresiones de descontento a través de algo que no sería ley, sino un instrumento de represión contra la libertad de expresión a través de las redes sociales y medios digitales, donde participan analistas, críticos, reporteros, líderes de diversos sectores sociales, dirigentes políticos, ciudadanos libres y quienes a diario opinan a través de los medios.
No, no les gusta que las cuestionen y se señale sus múltiples fallas a la sociedad. Se enojan porque públicamente se les reclama su ausencia en sus distritos y su desinterés ante los ingentes problemas que padece la sociedad. ¿Dónde están, qué hacen y quiénes son? ¿A las y los diputados los conocen en sus demarcaciones? ¿Son o no levanta dedos y aprueban solo lo que les indica el señor gobernador? Son solo preguntas normales y decentes, pero hacerlo, con la ley que pretenden aprobar, capaz y puede ser motivo de cárcel porque en el fondo no lo hacen para defender a las mujeres de abajo, lo hacen para defenderse ellas de sus críticos, utilizando una “ley” cono instrumento para reprimirlos.
Ojalá que los sinaloenses alcen la voz para que la inconformidad llegue hasta la mañanera. Se ocupa otro manotazo. Al menos que con el mensaje directo al bananero de Puebla, aquí en Sinaloa hayan agarrado la onda. Ya veremos.
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