Editorial: Por redacción
En política pocas veces las coincidencias son solamente coincidencias.
Cuando una aspirante aparece al frente de las mediciones, casi por lógica también se convierte en el principal blanco de quienes pretenden impedir su llegada.
Eso parece estar ocurriendo con Imelda Castro.
En apenas unos días se acumularon dos hechos que, vistos de manera aislada, podrían parecer asuntos distintos. Pero observados en conjunto dibujan un escenario que merece una reflexión.
Primero aparecieron llamadas telefónicas realizadas a miles de sinaloenses en las que se preguntaba por el nivel de conocimiento de la senadora con licencia. La reacción fue inmediata. Sus adversarios internos, el rochismo le atribuyó la estrategia y la acusaron de promoción indebida.
Sin embargo, la propia Imelda Castro salió públicamente a deslindarse. Negó que ella o su equipo estuvieran detrás de esas llamadas y aseguró desconocer quién las estaba realizando.
Una pregunta a la mano sería: ¿a quién beneficia una operación de ese tipo?
Porque si la propia aspirante termina obligada a desmentir una estrategia que además genera críticas entre la ciudadanía, el efecto político no parece favorecerla, sino colocarla bajo sospecha.
Casi al mismo tiempo llegó el segundo episodio.
El Tribunal Electoral de Sinaloa confirmó la resolución del IEES que consideró existente una infracción por promoción personalizada y dejó firme el procedimiento que ahora será remitido al Senado.
Más allá del contenido jurídico de la resolución, el contexto político vuelve a cobrar importancia.
Para los seguidores de Imelda Castro no pasa inadvertido que el Tribunal Electoral, del que es Magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza, uno de los personajes más cercanos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, tome decisiones en contra de la senadora.
Es precisamente ese grupo y no otro el que, según sostienen sus simpatizantes, busca impedir que la senadora se convierta en la próxima coordinadora de la Cuarta Transformación en Sinaloa.
No se trata de afirmar que exista una conspiración. Tampoco de descalificar automáticamente una resolución judicial por el parentesco de quien preside el órgano.
Pero en política las percepciones pesan tanto como los hechos.
Por eso cuando una institución encargada de impartir justicia electoral aparece vinculada, por relaciones familiares o políticas, con uno de los grupos enfrentados en una disputa interna, la imparcialidad entra en automático bajo sospecha pública.
Morena atraviesa una etapa en la que ya no enfrenta únicamente a la oposición. Las mayores tensiones parecen estar ocurriendo dentro del propio movimiento.
La batalla por la candidatura al gobierno de Sinaloa apenas comienza y cada decisión institucional, cada encuesta, cada resolución y cada operación política será observada con lupa, no por la autoridad electoral, sino por quienes desde fuera la controlan.
Para Imelda Castro el adversario nunca ha estado enfrente, sino dentro de la misma casa, aunque con poder institucional. Un adversario que utiliza los tribunales y las medios a modo para influir en la percepción ciudadana y para impedir que, quien realmente encabeza las encuestas, gane la candidatura.
