La vida da muchas vueltas, dice el argot popular. En el caso de Andrés Manuel López Obrador la vida le ha dado una voltereta descomunal en uno de los temas que se convirtieron en una de sus grandes banderas de opositor: el rol del ejército en el país.
En aquellos años, López cargó una y otra vez contra el ejército. Señalaba a diestra y siniestra que la institución castrense debería estar en los cuarteles. Su dedo señaló distintos hechos sangrientos en donde la milicia estuvo inmiscuida y fueron calificados como masacres. Para López, el ejército y Calderón eran una misma cosa. Su oposición a la mal llamada guerra contra el crimen, era su oposición a Felipe Calderón.
En la campaña del 2018, López prometió que en seis meses retiraría al ejército de las calles. El lema, “abrazos, no balazos”, acompañado de una promesa de amnistía a criminales, sedujeron a un amplio sector civil, relacionado a la defensa de los derechos humanos. Muchos activistas vieron en la postura de López una salida pacífica a un conflicto que, en doce años, acumuló más de cien mil muertos y decenas de miles de desaparecidos.
Ya como presidente, López dijo que, “si por el fuera”, desaparecería al ejército, sin embargo, a sus palabras se las ha llevado el viento. Para López, las vueltas de la vida lo han colocado como el presidente más militarista de la historia moderna del país.
Los hechos ahí están. Hoy el ejército construye un aeropuerto, un tren, va a administrar aduanas y puertos, cuida instalaciones petroleras y pipas, construye los bancos de bienestar y maneja operativamente a la Guardia Nacional. Por si fuera poco, en plena desaparición de los fideicomisos de ciencia, tecnología, cultura y deporte, bajo la sospecha de ser oscuras figuras que favorecen la corrupción, el fideicomiso de la SEDENA se incrementó un 1048 por ciento.
Todo esto sucede en el contexto de la detención del General Salvador Cienfuegos, exsecretario de defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien López alabó ya como presidente. Sucede a un año de la peor humillación que el ejército nacional ha sufrido en décadas, con la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán y posteriormente la visita que el presidente le hizo a la madre del Chapo Guzmán, por “razones humanitarias”.
López, el militarista, está cerniendo un lazo en torno a la democracia y los derechos humanos que no debemos soslayar. El ejército no es propiedad de un solo hombre, es propiedad de los mexicanos.
Las acciones del exsecretario de la Defensa no deben significar un juicio sumario hacia la institución, pero sí deben alertar que, en la medida en que dicha institución siga cobrando un mayor protagonismo en asuntos de carácter civil, se vuelve un blanco más para la delincuencia.
México debe hallar la manera de desandar la ruta de la militarización nacional impulsada por López Obrador, para fortalecer los contrapesos institucionales, las policías subnacionales y municipales, así como el rol de los derechos humanos.
De mantenernos por esta ruta, más que una vuelta de la vida, el país podría vivir una revolcada autoritaria de consecuencias impredecibles.