El gobierno de México tiene hasta el 23 de diciembre para responder a las solicitudes de las once empresas de armas de desechar su demanda, y se cita una audiencia para evaluar si el caso procede ante estas solicitudes y la respuesta mexicana el 27 de enero de 2022.
El juez federal F. Dennis Saylor IV ordenó este miércoles que el gobierno de México, el demandante, debe entregar sus argumentos en oposición a las solicitudes de los demandados para desechar el caso.
Las once empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses presentaron solicitudes para desechar el caso el pasado 22 de noviembre argumentando que México no había fundamentado su acusación de que están directamente involucradas o han cometido actos ilícitos, que las leyes estadunidenses dan inmunidad a las empresas ante demandas de este tipo y que el tribunal distrital federal en Massachusetts -donde México presentó su demanda- no tiene jurisdicción sobre este caso, entre otras razones.

México debe responder a empresas de armas de EU antes de Navidad
El gobierno de México tiene hasta el 23 de diciembre para responder a las solicitudes de las once empresas de armas de desechar su demanda, y se cita una audiencia para evaluar si el caso procede ante estas solicitudes y la respuesta mexicana el 27 de enero de 2022. El juez federal F. Dennis Saylor...
El gobierno de México tiene hasta el 23 de diciembre para responder a las solicitudes de las once empresas de armas de desechar su demanda, y se cita una audiencia para evaluar si el caso procede ante estas solicitudes y la respuesta mexicana el 27 de enero de 2022.
El juez federal F. Dennis Saylor IV ordenó este miércoles que el gobierno de México, el demandante, debe entregar sus argumentos en oposición a las solicitudes de los demandados para desechar el caso.
Las once empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses presentaron solicitudes para desechar el caso el pasado 22 de noviembre argumentando que México no había fundamentado su acusación de que están directamente involucradas o han cometido actos ilícitos, que las leyes estadunidenses dan inmunidad a las empresas ante demandas de este tipo y que el tribunal distrital federal en Massachusetts -donde México presentó su demanda- no tiene jurisdicción sobre este caso, entre otras razones.
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