Necesario Mea Culpa: La UdeG, rebasada ante la desaparición de sus propios estudiantes.
Felipe Guerrero Bojórquez.
Mientras la Universidad de Guadalajara (UdeG) insiste en posicionarse como una voz crítica frente a la crisis de desapariciones en Jalisco, su comunidad interna enfrenta una realidad dolorosa y contradictoria: son sus propios estudiantes quienes están desapareciendo, y las respuestas institucionales han sido, en el mejor de los casos, insuficientes.
En un informe reciente, que llegó incluso a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la UdeG advirtió sobre un aumento alarmante en las desapariciones de personas entre los 15 y los 19 años, aunque el estudio se basa en cédulas de búsqueda y no en carpetas de investigación oficiales. La metodología ha sido cuestionada por especialistas debido al riesgo de duplicidades o registros sin seguimiento formal. Pero más allá del debate técnico, el informe arroja una verdad que la universidad no puede eludir: muchos de los desaparecidos son parte de su comunidad estudiantil.
Entre los casos más recientes y emblemáticos -según consta en notas informativas- están los de Anahí Itzayana Rodríguez Barragán, estudiante de la Preparatoria 6, desaparecida desde el 12 de abril de 2024. A ella se suman otros casos como el de Jesús Daniel Zepeda González, de 19 años, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, reportado como desaparecido en octubre de 2023, y José Luis Gutiérrez, alumno de preparatoria, cuyo paradero se desconoce desde enero de este año. Según reportes de colectivos y medios locales, al menos una decena de estudiantes de la UdeG han sido reportados como desaparecidos en los últimos dos años.
A pesar de esta crisis interna, la Universidad ha respondido con protocolos institucionales que, en los hechos, han demostrado ser poco efectivos. Si bien se han emitido comunicados y activado mecanismos de atención, familiares y compañeros de víctimas denuncian que la burocracia interna, la falta de seguimiento real y el desinterés por actuar con urgencia han convertido esos protocolos en meras formalidades.
Por lo que corresponde al Gobierno de Jalisco, si bien resulta más que cuestionable la pasividad del anterior sexenio, en la actualidad se aprecian al menos algunos visos de que quieren actuar diferente. Y entre esas acciones se puede mencionar la creación de una Secretaría especializada en la búsqueda de personas, los operativos en terminales de transporte y apoyo directo a familias afectadas.
Frente a esto, la universidad más grande del estado ha optado, según sus detractores, por priorizar el discurso político por encima de soluciones concretas.
Sin afán de contraponer a dos instituciones que han hecho esfuerzos por trabajar diferente respecto a años anteriores, con comunicación y coordinación, lo cierto es que al menos en este punto existe una contradicción: la UdeG exige rendición de cuentas a las autoridades externas, pero no ha asumido plenamente la suya. Las preguntas siguen sin respuesta: ¿qué medidas ha tomado la institución para proteger a sus estudiantes dentro y fuera de sus instalaciones? ¿Cuántos recursos ha destinado a fortalecer la seguridad en sus planteles? ¿Dónde están los resultados de sus supuestos protocolos de atención?
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