NO AL BORRÓN Y CUENTA NUEVA.
QUE SE APLIQUE LA LEY A LOS SAQUEADORES.
Felipe Guerrero Bojórquez.
Al Ayuntamiento de Mazatlán lo llevaron a la quiebra, a la bancarrota financiera y, por lo mismo, la ciudad y la zona rural quedaron en el abandono, con graves problemas de servicios públicos e inseguridad que aún siguen padeciendo los mazatlecos.
Por supuesto, se notan los esfuerzos del nuevo alcalde Edgar González por normalizar los servicios públicos más elementales, pero eso no significa cancelar la exigencia ciudadana para que se castigue a los responsables del saqueo.
Quienes llegaron ahora al poder municipal, el nuevo alcalde con mayor razón porque fungía como Secretario del Ayuntamiento, tienen la obligación no solo de enfrentar la emergencia ante la falta de recursos, sino de rendir cuentas claras de lo que recibieron y denunciar ante la instancia correspondiente las anomalías que provocaron el quebranto financiero.
Eso por un lado y, por el otro, el alcalde, los regidores que en su momento denunciaron daños al erario público, tienen que exigir a las autoridades de la Fiscalía General del Estado ir a fondo en la investigación de lo que el propio Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado le entregó: Una abultada carpeta de faltantes y gastos millonarios sin comprobar.
Nada de borrón y cuenta nueva porque si se cree que con solo haber sacado de la presidencia a Luis Guillermo Benítez Torres y, peor aún, haberlo premiado con la Secretaría de Turismo, a la gente ya se le olvidó los desmanes impunes de ese gobierno atroz, están muy equivocados.
La aceptación tácita de que el municipio está en la ruina son los esfuerzos por conseguir dinero para comprar carros recolectores de basura y pedirle a los empresarios que cooperen donando lámparas y adoptando una colonia. En el fondo se entiende el esfuerzo, pero al mismo tiempo lastima porque los ciudadanía que paga puntualmente sus impuestos no debería ser limosnera de nadie.
Qué bueno que los empresarios entren al quite en la emergencia, pero no es correcto. Y no es correcto constitucionalmente porque ellos no están obligados ni tampoco el gobierno estirarles la mano a nombre del pueblo. ¿Y a cambio de qué?
Esto último también debe explicarlo la autoridad para que una donación no se confunda con moche, que es justamente lo que normalizó el gobierno del Químico Benítez. Cuando un gobierno pide a un particular deberá establecerse una relación clara y transparente, de lo contrario las presiones y las negociaciones en lo oscurito es lo que se impone y eso, desde luego, va contra la ley.
No al borrón y cuenta nueva; sí a la exigencia de justicia para someter a la ley a quienes dejaron en la bancarrota al Ayuntamiento. Es central en esta nueva etapa que haya claridad y transparencia del gobierno en su gasto público, sobre todo en las relaciones que actualmente establece con empresarios y proveedores