Vandalismo en Palacio de Gobierno de Michoacán tras asesinato del alcalde de Uruapan
*La indignación ciudadana estalla en Morelia luego de que manifestantes tomaran por la fuerza el edificio y exigieran justicia tras el homicidio de Carlos Manzo.
Morelia, Michoacán. – Una manifestación en demanda de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, derivó en actos de vandalismo contra el edificio del Gobierno de Michoacán.
El domingo 2 de noviembre de 2025, cientos de personas salieron a las calles de Morelia bajo consignas como “¡Justicia por Carlos Manzo!”, “¡Fuera Bedolla!” –en alusión al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla– y “Uruapan no estás solo”. Tras marchar por la avenida Francisco I. Madero y otros puntos del primer cuadro de la ciudad, un grupo logró forzar la puerta del Palacio de Gobierno, ingresar al edificio y causar daños en varias oficinas: rompieron vidrios, lanzaron muebles al exterior e incluso realizaron quemas menores.
Fuentes indican que la seguridad del recinto era limitada al momento de la irrupción, lo que permitió a los manifestantes acceder al espacio con relativa facilidad. Las fuerzas antimotines llegaron después de varios minutos de tensión para controlar la situación.
Desde su cargo, Carlos Manzo —quien fungía como presidente municipal de Uruapan desde septiembre de 2024— había denunciado amenazas y solicitado apoyo ante la escalada de violencia en su municipio. El hecho de que su protección, reforzada por el gobierno federal, resultara insuficiente, ha alimentado la furia pública.
El asesinato del alcalde ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público relacionado con las festividades del Día de Muertos en Uruapan. La indignación social se manifiesta no sólo en el reclamo de castigo inmediato, sino en una exigencia de que las instituciones garanticen seguridad real, visiblemente fallida.
Las autoridades estatales han condenado el ataque tanto al edil como el vandalismo al edificio gubernamental y se comprometieron a investigar ambos hechos. Sin embargo, para muchos ciudadanos la respuesta llega tarde.
Este episodio se inserta en un marco mayor de crisis de seguridad y legitimidad en el estado de Michoacán, donde la violencia contra funcionarios públicos y ciudadanos se ha intensificado. La irrupción al corazón simbólico del poder estatal —el Palacio de Gobierno— simboliza que la rabia ciudadana ha dejado de ser sólo demanda y se convierte en acto. La pregunta latente es si ese estallido será parte de un proceso de contención serio o sólo una señal más de que la credibilidad del poder se está erosionando.
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