En el negocio de la familia de María se comenzaron a recibir llamadas extrañas por parte de un “licenciado”, quien siempre pedía hablar con la dueña. Aún y cuando los colaboradores sabían que no debían dar información, comenzaron a preocuparse ante la insistencia. Dado que María es policía, le preguntaron qué debían de hacer.
Les pidió el número del que marcaban y devolvió la llamada: “¿quién habla? ¿del negocio o de la estética?”. “De la ferretería”, contestó ella y le colgaron. Decidida, volvió a llamar: “me anda buscando un licenciado y quiero saber qué necesita” … y le volvieron a colgar.
Marcó de un número distinto y en esta ocasión contestó una mujer. En el tono más amable o inocente, María le comentó que se estaba reportando a la llamada del licenciado, porque tenía un asunto que le preocupaba. Le preguntaron de qué negocio llamaba y ella contestó que de parte de una tienda de ropa; luego se escuchó una especie de transferencia telefónica y contestó un hombre. Sin parar de hablar, le dijo que a la tienda de ropa llegaría un sobre de SEPOMEX (Servicio Postal Mexicano) con instrucciones, que además iba a llegar un sobre de COFEPRIS (Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios) y un tercer sobre más con unos temas de PROFECO (Procuraduría Federal de Protección al Consumidor). María le preguntó si era una multa por las chinches que habían salido en la ropa y el licenciado le dijo que sí, pero que era necesario hacer un pago de 36 mil pesos para que no hubiera problema.
Siguieron una serie de absurdos, ante lo que María terminó preguntándole al licenciado si la vida en la cárcel tenía algo más divertido que verle la cara de tonta a la gente. El hombre le dijo no entender y ella insistió; el licenciado le reclamó entonces que si ya sabía que era un fraude, por qué le quitaba el tiempo, que para él, era dinero. Enganchado por lo que María le decía, el falso licenciado comenzó a decirle que ya se había ganado 50 mil pesos con una pura llamada; ante la amenaza de que ella buscaría que le bloquearan el teléfono, el delincuente comenzó a decirle que ella no comprendía, que esa vida de delito él no la había escogido y que así le había tocado vivir.
María colgó y comenzó a llamar a los distintos números telefónicos de denuncia anónima y emergencias, a fin de que el teléfono del que le marcaron saliera de servicio y evitar así que “el licenciado” lograra engañar a otras personas.
No lo logró.
Aunque si bien dejó su reporte en instancias federales y locales, el número siguió activo: “con su reporte se inicia un trámite para ver si es posible dar de baja el número, pero requiere un proceso, no es de inmediato”. “Si gustan voy a declarar, tengo la conversación grabada”, dijo ella, a lo que le dijeron que no era necesario.
En un delito tan urgente de atender y tan delicado, como lo es el fraude y la extorsión, que afecta patrimonial y emocionalmente a las víctimas ¿cuál es la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones? ¿cuáles son las herramientas que faltan para que cuando se detecten este tipo de llamadas, especialmente si vienen de un penal, el número pueda ser bloqueado independientemente del tiempo que requiera la investigación?
Peor aún, ¿qué puede hacer un gobierno estatal para proteger a su ciudadanía que recibe llamadas recurrentes de este tipo que están fuera de su jurisdicción y ámbito de competencia?
Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal tiene la capacidad de bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial, en aquellos casos que existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
¿Qué envidia, no?