Puebla registra un índice de impunidad de 94.6 por ciento en los delitos denunciados ante las autoridades, parámetro superior a la media nacional que es de 92.4 por ciento. El indicador muestra las áreas de oportunidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia ante la comisión de delitos.
De acuerdo con el Índice de Impunidad Estatal realizado por la organización México Evalúa, las entidades con los niveles más altos de impunidad son Sinaloa, 99 por ciento; Guerrero, 98.4 por ciento; San Luis Potosí, 97.8 por ciento; y Ciudad de México, 97.7 por ciento.
En contraste, los niveles más bajos de impunidad en el país se registraron en los estados de Baja California con 67.1 por ciento; Guanajuato, 74 por ciento; Yucatán, 83.8 por ciento; y Querétaro, con 85.2 por ciento. Las entidades con menor nivel de impunidad están logrando una menor congestión en la operación, así como empleando las diversas salidas previstas para dar una respuesta efectiva a los casos que conocen, destaca México Evalúa.
La organización no gubernamental explica que para realizar el Índice de Impunidad Estatal no se tomaron en cuenta los delitos que no se denunciaron ante las autoridades y agrega que se registró la información estadística disponible del año 2019 en el Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (SESNSP) en los Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia.
México Evalúa destaca que, en Puebla, más de 90 por ciento de los delitos inician sin un detenido; mientras que, a nivel nacional, el porcentaje de investigaciones sin probable responsable es de 87.2 por ciento.
Cuando, como resultado de su investigación, el Ministerio Público considera que cuenta con los datos de prueba que determinan la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y la probable participación del imputado, procede a solicitar al juez de control la vinculación a proceso; lo que se conoce como judicializar la carpeta de investigación. El porcentaje de asuntos que fueron vinculados a proceso en el país fue del 3.4 por ciento. En Puebla, el porcentaje de asuntos vinculados a proceso es de 2.9 por ciento. Los estados con porcentajes de vinculación a proceso más altos durante 2019 fueron Nayarit con 32.4 por ciento; Sonora, 16.9 por ciento y Campeche, 14.5 por ciento; mientras que los estados con el menor número de procedimientos vinculados a proceso fueron Hidalgo, 0.6 por ciento; Tamaulipas, uno por ciento; y Jalisco, uno por ciento.
Los resultados, agrega México Evalúa, sugieren que no se han dado mejoras de las instituciones estatales de la Sistema de Justicia Penal (SJP) que permitan proporcionar justicia a los ciudadanos, lo que se traduce en un alto porcentaje de casos no resueltos o, en su defecto, casi la totalidad de los asuntos sin una resolución.
Para México Evalúa, si se agregarán los delitos ocurridos que no son del conocimiento de las autoridades, se tendrían señales de un problema más grave en materia de impunidad.
A partir de los análisis estadísticos, la organización confirmó que, a mayor avance en las condiciones de política pública, se presenta una mayor efectividad en la resolución de casos.
México Evalúa destacó que se identificaron estados como Baja California, Querétaro y Yucatán cuyos avances en materia de condiciones para la operación del sistema de justicia se encuentran relacionados con mejores resultados. La mayor parte de los estados, así como el promedio nacional, presentan avances insuficientes en las condicionantes para la operación y simultáneamente su desempeño en términos de efectividad es deficiente, por ejemplo, los casos de Guerrero, Quintana Roo, Morelos y Tamaulipas.
Para México Evalúa, la finalidad del sistema de justicia penal en un Estado democrático de derecho es proveer respuestas satisfactorias a los conflictos derivados de la comisión de un delito, garantizando el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la reparación del daño a las víctimas y a la sociedad, así como procurar evitar la comisión de nuevos delitos.
“Es necesario que cada institución del SJP cumpla de manera eficiente con las funciones que le fueron encomendadas. Cuando el propósito del sistema de justicia no es cumplido, surge la impunidad, que se traduce en el principal indicador del fracaso de la justicia”, destaca la organización.
“La escasa resolución de casos y la saturación que provocan los delitos de bajo impacto, comúnmente robos, dejan pendiente la atención de los fenómenos que más lastiman a la sociedad: desapariciones, homicidios, feminicidios, entre otros”, destacó la organización.
AFM