La anulación de resultados electorales en Huejutla y Tulancingo por parte del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo representó un duro golpe a la organización de las votaciones, donde quedó en tela de juicio la actuación de los ciudadanos que participaron como funcionarios de casillas, los representantes de partidos y el propio árbitro del Instituto Estatal Electoral.
Las pruebas ofrecidas en un inicio para tales determinaciones daban por entendido que todo había sido un cochinero, y se había actuado fuera de la legalidad.
Los argumentos de los magistrados locales daban por hecho que incluso se transgredió la relación estado-iglesia con uso de imágenes religiosas, lo que puso peor la balanza de quienes participaron en los comicios del 18 de octubre.
Por ello se determinó anular ambas votaciones, junto a Ixmiquilpan que sigue pendiente de resolución y Acaxochitlán, que ya fue oficializada como la única votación que se irá a proceso extraordinario en 202, hasta ahora.
La noticia dejó un ambiente político enrarecido en Huejutla y Tulancingo, donde se tuvieron momentos de tensión social por los militantes de los partidos que se acusaron de todo, situación que se trasladó a la ciudadanía con dimes y diretes.
La fecha fatal del 15 de diciembre donde tendrán que rendir protesta los nuevos presidentes municipales en Hidalgo también apresuró los fallos en la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde ayer se dio reversa a las anulaciones electorales.
La decisión da certeza de que, efectivamente, se realizaron elecciones válidas, quizá no tan limpias, pero al final con la certeza de que los resultados fueron los que se anunciaron en un inicio, mismos que deben de respetarse.
El proceso 2020 está por finalizar con las últimas resoluciones y el aprendizaje es una proyección de lo que será 2021: elecciones judicializadas entre pandemia y llamado a la participación ciudadana.