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Como se esperaba, el juicio celebrado en Nueva York contra el capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, provocó un efecto dominó que ha permitido ver poco a poco el narcogobierno generado en las sombras de la alternancia democrática de México, por lo que estos años recientes han sido detenidos al pisar suelo de Estados Unidos un fiscal estatal, un súper policía y ahora un general de cuatro estrellas de nuestro país.
La pregunta que ronda cada vez más es si esta cruzada americana en ascenso por el mundo institucional mexicano, emprendida por el aguerrido fiscal del Distrito Este neoyorquino, Richard Donoghue, alcanzará también a alguno de los ex presidentes mexicanos: Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto.
Todo comenzó entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, durante los 44 días que duró el juicio al Chapo Guzmán, cuando fueron revelándose en la Corte de Brooklyn una serie de personajes, eventos y posibles complicidades entre autoridades y criminales.
A la par de ese afamado proceso judicial, de manera poco divulgada, el Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, se declaró culpable ante la misma corte neoyorquina, logrando evitar así la cadena perpetua a la que se enfrentaba y obteniendo finalmente una sentencia de 20 años de prisión que incluso podría ser reducida.
Pero las investigaciones estadunidenses sobre el narcogobierno mexicano no concluyeron ahí, aunque luego concluyera también el juicio del Chapo, esa figura que acaparó los reflectores durante varios años como máximo líder del narcotráfico y que fue nutrida de forma legendaria tras haberse “fugado” en dos ocasiones de penales de máxima seguridad.
Lo que ocurrió en realidad fue que el juicio del Chapo se convirtió en el detonante de una ambiciosa campaña de la justicia estadunidense contra funcionarios mexicanos que solo podría equipararse con la que ocurrió en los ochenta tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
Ante la urgencia de “trofeos de cacería” por parte del presidente Donald Trump y la ausencia de nexos profundos del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus antecesores en el poder, la DEA y el fiscal Donoghue han podido maniobrar con una peculiar fauna mexicana de una forma que se acerca a lo espectacular.
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La acusación elaborada por las autoridades estadunidenses en contra del general Cienfuegos, establece que éste habría cometido tres delitos vinculados con el narcotráfico y uno en torno al lavado de dinero entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, justo cuando aún fungía como secretario de la Defensa Nacional.
Según el mismo documento, Cienfuegos tenía el apodo de Padrino (a su vez nombre de la operación mediante la cual fue detenido) dentro de la organización criminal de los Beltrán Leyva (llamado cártel H2 en la consignación), a la cual ayudó a traficar miles de kilos de cocaína, mariguana y metanfetaminas, además de lanzar operaciones militares en contra de grupos rivales.
H2 es uno de los apodos que tenía Juan Francisco Patrón Sánchez, a quien también identificaban como Patrón, hasta antes de ser abatido por integrantes de la Marina el 10 de febrero de 2017 en Nayarit.
Tras la muerte y detención de los hermanos Beltrán Leyva, Patrón Sánchez había asumido una parte del liderazgo de la organización con presencia en ciudades y pueblos de Nayarit, Sinaloa, Guerrero y Sonora, así como San Pedro Garza García, Nuevo León.
Aunque no era del conocimiento público, Cienfuegos llevaba más de un año siendo buscado por las autoridades neoyorquinas, por lo que algunas fuentes especulaban ayer que su viaje con familia y posterior detención en Los Ángeles podría haber sido producto de una negociación previa.
Más allá de especulaciones, la acusación contra Cienfuegos se realizó desde el 14 de agosto de 2019, cinco meses antes de que fuera detenido también en territorio estadunidense (Texas) Genaro García Luna, director de la Agencia Federal de Investigación en el gobierno de Vicente Fox y secretario de Seguridad en el de Felipe Calderón.
Apenas el pasado 7 de octubre de 2020, García Luna se declaró no culpable de los cargos que le adjudica la fiscalía neoyorquina en torno a su relación como protector del Cártel de Sinaloa, por lo que se fijó una nueva audiencia para el 7 de diciembre en la cual se adelantarán los detalles del juicio que enfrentará.
Tanto Cienfuegos como García Luna eran defendidos esta semana por algunos antiguos integrantes de sus respectivos gobiernos. Durante un foro legislativo, Eruviel Ávila, senador del PRI, aseguró que el Cienfuegos “es un hombre probo” y pidió respetar su presunción de inocencia.
Por su parte, Margarita Zavala, esposa del ex presidente Calderón y promotora fallida de un nuevo partido político, aseguró en entrevista con Javier Risco y Gabriela Warkentin que el proceso contra García Luna era utilizado “para acusar desde el poder, violando todas las garantías individuales.
—Pero es una audiencia en Brooklyn… los cargos son pertenecer a un grupo criminal y distribuir cocaína…. – acotó el periodista Risco.
—A ver Javier, todo se está utilizando para manchar este proceso, que no se vale mancharlo así desde el único poder que hablo que es el del Ejecutivo.
—Este es un juicio desarrollándose en Brooklyn…
—Vamos a esperar a que sea el proceso, por lo demás es una violación al derecho que todos deberíamos tener cuidado…
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