Ha sido levantada una polvareda en torno a los fideicomisos, nubosidad que es una revoltura de desinformación, descontentos de quienes los poseen, consignas verticales para su desaparición, pleitos vergonzosos entre legisladores. Pero son pocos los medios que han ofrecido información que nos permita formarnos una opinión objetiva.
Las mañaneras se quedan en los anuncios, consignas y descalificaciones generalizadas, mientras que las cartas promovidas por los que se dicen intelectuales delatan de origen el reclamo de añosos privilegios sectarios.
Aquí solo comparto una opinión a partir de la limitada experiencia que por mi trabajo tengo en el sector de la ciencia y la tecnología. El largo listado de fondos también incluye aquellos relacionados con las metrópolis, la protección de quienes luchan por los derechos humanos, desastres naturales, deportistas, emprendedurismo, etcétera. Pero los nobles nombres de esos fideicomisos no lo dicen todo.
Según la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, los 109 fideicomisos a desaparecer reúnen miles de millones de pesos. Pero estamos hablando de un mazacote variopinto a grado tal que cada uno exige descifrar cuándo, cómo y para qué fueron creados. En algunos casos el cuándo nos lleva a las canonjías directas de presidentes de la república a directivos de la administración pública federal, en otros casos más recientes al momento en que la desaparición de personas se volvió un grave problema nacional. Sin embargo, en casos como el segundo ejemplo, quienes propiciaron y recrudecieron desde el aparato gubernamental la inseguridad pública no atacaron los problemas de raíz, sino que fueron sus cómplices. Por un lado, teníamos funcionarios como García Luna y por el otro, un pequeño recurso para hacer creer que se ayudaba a las familias de las víctimas.
Hablar del cómo fueron formados y cómo se nutren esos fideicomisos es otra cuestión compleja, ¿por donaciones, los que se generan como recursos propios por servicios cobrados, subejercicios de recursos fiscales? En el grupo de fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación la variación es abismal, hay instituciones que tienen en esos fondos montos mayores a los 300 millones de pesos y otros que reportan un poco más de 45 mil pesos según la Comisión mencionada. Pero ese dato no nos debe llevar a juicios infundados.
También hablar del cómo nos conduce a la revisión de la operación de esos fideicomisos. Las generalizaciones son imprecisas y perniciosas. Decir que todos los fideicomisos están fuera de control porque no son parte de una estructura administrativa que permita su seguimiento y fiscalización es falso. En el “parlamento abierto” donde participaron los titulares de los Centros Públicos de Investigación fue demostrada la organización y las varias auditorías de que han sido objeto esos fondos. Sin embargo, ese parlamento quedó en una práctica sorda para legitimar decisiones ya tomadas a la vieja usanza.
Para qué y cómo son usados esos fideicomisos nos llevan a reflexiones más amplias y hasta encontradas. Los programas de austeridad en la administración pública federal no son nuevos. Desde sexenios pasados han caído los recursos para inversión en activo fijo así como para la construcción y mantenimiento de inmuebles. Los fideicomisos en regla y bien utilizados han servido para ese tipo de carencias. En mi campo de trabajo no se han recibido recursos para publicación de los resultados de investigación, allí han entrado al quite los fondos del fideicomiso.
Pero en el mismo campo de la investigación ha habido manejo discrecional. Mi experiencia cercana es el del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Nuevo León, donde por muchos años han sido excluidas áreas del conocimiento como las Ciencias Sociales y Humanidades y donde solo fueron apoyados proyectos para la transferencia tecnológica. Estudios estratégicos como las violencias, el recurso hídrico, la migración, la precarización, la diversidad cultural, no fueron considerados por este fondo. Pero no caigo en la generalización: otros estados son ejemplares en el manejo y destino de esos fondos mixtos.
Otro ejemplo de rebatinga de recursos en Nuevo León es el Fondo Metropolitano. Hemos visto las disputas entre los gobiernos municipales de la metrópoli regiomontana y el gobierno estatal donde unos piden y el otro no quiere soltar o bien los criterios de asignación llegan a ser discrecionales.
El panorama es incierto: desde el Ejecutivo y funcionarios federales se ha dicho que esos recursos centralizados serán asignados a través de convocatorias, sin embargo, hay rubros cuyo mecanismo para la asignación no pueden ser las convocatorias. Tampoco tenemos certezas de que esos otros rubros sean cubiertos por la Secretaría de Hacienda cuando sus comisarios no conocen las realidades de cada rincón del territorio nacional.
Quizás después de una revisión transparente de los fideicomisos por parte de las personas designadas para tal tarea y aceptar que algunos están bien manejados se mantengan, pero con otro nombre. A los gobiernos en turno les encanta vestir al mono de otro color y rebautizarlo para presumir la paternidad y maternidad del supuesto nuevo producto. Punto y aparte son los “recursos propios” generados por la universidades públicas con recursos públicos. Se manejan para bien y para mal como Estados-Nación chiquitos. ¿Cuándo serán revisados seriamente?
Camilo Contreras, profesor-investigador el Colef, sede Monterrey