ARTICLE 19 alerta por imputación de “terrorismo” contra el periodista Rafael León; advierte criminalización del periodismo en Veracruz
Ciudad de México, diciembre de 2025.–
La organización **ARTICLE 19 México y Centroamérica advirtió que la imputación del delito de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, constituye un precedente grave y peligroso contra la libertad de expresión en el país, particularmente en contextos de violencia y macrocriminalidad como el sur de Veracruz.
La organización informó que, tras la detención del comunicador el pasado 24 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz le imputó los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública, acusaciones que —subraya— derivan directamente de su labor periodística, centrada desde hace años en la cobertura de nota roja.
De acuerdo con ARTICLE 19, la imputación de delitos graves responde a una estrategia desproporcionada orientada a justificar la prisión preventiva oficiosa y frenar el trabajo informativo del periodista, quien recientemente documentó hechos relacionados con delincuencia organizada y violencia criminal que podrían haber afectado intereses tanto de grupos delictivos como de autoridades estatales.
La organización también denunció que Rafael León ha sido víctima de un hostigamiento sistemático, que incluye la apertura reiterada de carpetas de investigación de las cuales ha sido absuelto en ocasiones previas por falta de sustento legal, evidenciando un patrón de uso del aparato penal como mecanismo de intimidación y presión.
Según el testimonio público de su hijo, Garddiel León Oropeza, la detención se produjo cuando el periodista salía de su domicilio y estuvo acompañada de diversas irregularidades, entre ellas la sustracción de un vehículo y el presunto robo de dinero en efectivo durante el operativo. Estas denuncias incrementan la preocupación sobre la legalidad y proporcionalidad de la actuación de las autoridades.
ARTICLE 19 subrayó que la acusación se apoya en el hecho de que el periodista recibe avisos directos sobre hechos violentos y en ocasiones es el primero en llegar a las escenas, argumento que considera improcedente, ya que el número telefónico del comunicador es público y forma parte de las prácticas habituales del ejercicio periodístico, especialmente en coberturas de alto riesgo.
Asimismo, recordó que la protección de las fuentes es un derecho fundamental reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por estándares internacionales de libertad de expresión, los cuales establecen que el contacto entre periodistas y sus fuentes no puede ser utilizado como base para imputaciones penales.
La organización expresó además su preocupación por declaraciones públicas de la gobernadora Rocío Nahle García, quien negó que la detención esté relacionada con censura y aseguró que en Veracruz existe plena libertad de expresión. ARTICLE 19 consideró que estos pronunciamientos minimizan la gravedad del caso y normalizan la criminalización del periodismo.
El proceso contra Rafael León, cuya situación jurídica se definirá el 30 de diciembre, se suma a otros casos recientes de persecución judicial contra periodistas en el país y ya es seguido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Finalmente, ARTICLE 19 exigió a las autoridades estatales y federales cesar la criminalización de la labor periodística, garantizar el debido proceso, evitar el uso del derecho penal como herramienta de censura y otorgar medidas de protección urgentes al periodista y a su familia, ante el riesgo que enfrentan en un contexto de violencia estructural.
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