El domingo 6 de junio de 2021, cerca de 47.6 millones de mexicanas y 44.3 millones de mexicanos tendremos la oportunidad de votar para elegir 21,368 cargos de elección popular, en la que será la jornada electoral concurrente más grande en la historia de México.
Motivo por el cual, el Consejo General del INE ha hecho uso de la facultad de atracción, para establecer una serie de mecanismos y directrices obligatorias para los partidos políticos y las candidaturas, así como para las autoridades federales, estatales y municipales.
Para garantizar la equidad y la imparcialidad en la competencia por los votos, el INE aprobó tres acuerdos fundamentados en los artículos 41 y 134, de la Carta Magna, durante la sesión celebrada el pasado 21/12/2020.
El primero busca mantener detrás de la raya, a las y los servidores públicos para impedir la compra y coacción del voto, así como evitar que los informes de labores y la propaganda gubernamental induzcan al sufragio a favor de un partido o candidatura.
Acuerdo que contiene un exhorto para que los Congresos locales informen al Ietam y demás OPLE sobre el monto y destino de los recursos entregados a las y los diputados, en el marco de la reelección legislativa.
Mientras que el segundo acuerdo emite los lineamientos para garantizar la equidad entre las y los participantes en la contienda electoral, regulando la difusión de propaganda que promocione o posicione a una persona, partido o coalición, con miras a una precandidatura o candidatura.
Resolutivo que tiene un mandato para el Ietam y demás OPLE, de difundir en el Periódico Oficial del Estado un extracto del acuerdo, así como solicitar a las y los diputados que vayan por la reelección, respetar los lineamientos.
Finalmente, el tercer acuerdo aprobado por el INE busca blindar al voto del uso electoral de los programas sociales a cargo de los gobiernos, fijando una serie de mecanismos y criterios para su aplicación imparcial.
Trilogía de acuerdos que buscan garantizar cancha pareja en la competencia por los votos, evitando la intromisión indebida de las y los servidores públicos, para favorecer a un partido o candidatura en particular.
