La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la iniciativa sobre cannabis, presentada en el Senado e impulsada por el gobierno federal, busca ponerle punto final a una guerra que nunca debió desatarse.
Al participar en la Primera Conferencia Internacional sobre Política de Drogas, Colombia 2020, la funcionaria reconoció que no hay evidencia suficiente para afirmar que la despenalización del consumo y producción para consumo personal impacte directamente en la disminución de la violencia, pero señaló la existencia de datos que apuntan en sentido positivo. No obstante, explicó que con esto se podría quitar la amenaza y “la espada de Damocles” que cae sobre los ejidatarios y agricultores por parte del crimen organizado.
Comentó que se están analizando experiencias internacionales y confió que la Cámara de Diputados aprobará una legislación que coadyuve a la solución del problema que ha costado cientos de vidas.
“Estoy segura que la legislación que se apruebe en nuestro país, en México, otorgará las mejores soluciones, pues estamos beneficiando experiencias con otras naciones que, como Colombia, están en búsqueda de las mejores practicas internacionales, que otorguen certeza jurídica y permitan poner punto final, a una guerra que nunca debió haberse desatado”, expresó en el encuentro virtual.
Señaló que la política sobre drogas siempre ha sido un asunto polémico: “a lo largo de los años hemos comprobado que el combate frontal, llamado 'guerra al narcotráfico', ha ocasionado dolor, muertes y numerosas violaciones a los derechos humanos, aquí ya se ha dicho. Una realidad ampliamente conocida por nuestros dos países”.
En ese sentido, recordó que en 2018 como senadora de la República, consideró que era urgente una reforma en la política de drogas integral y transversal con un enfoque de salud pública equilibrado: “La política prohibicionista, seguida en los últimos años, dio pie a un incremento de la violencia y la delincuencia en nuestro país y provocó la criminalización de grupos vulnerables de la población por actividades relacionadas a la producción de cannabis y otras sustancias. Sobre todo, esa política ha sido deficiente en proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos.
“Lejos de inhibir el problema, entre 2007 y 2018, se registró un incremento en la actividad de las organizaciones criminales, derivada del consumo de cannabis psicoactivo y otras drogas”, apuntó.
Es por ello que desde el gobierno de México, y a través del congreso, se busca la aprobación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, con un enfoque de justicia social, libre desarrollo de la personalidad, y la no criminalización y retomando las mejores experiencias y prácticas internacionales en esta materia.
JLMR
