Los derechos de la mujer han ido en avance lento pero seguro, desde aquel atropello de que no tenían derecho al voto, corregido a tiempo por el presidente Ruiz Cortines.
Fue el punto de partida, pero faltan varios avances para reconocerlas en su calidad de trabajadoras y en sus derechos de género. Otro avance ha sido la paridad para ocupar cargos de elección popular.
El 13 de abril del año 2020 el DOF describe, clasifica y sancionan la violencia política en razón de género, después de muchos años en que se negara que existía. La publicación oficial dice:
«La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres.
El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella».
En octubre de este año se logró otro avance, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó lineamientos para las elecciones de 2021, que llevan a la práctica lo establecido en la reforma contra la violencia política.
Ahora los partidos exigirán a sus candidatos la firma de un documento en el que, bajo protesta de decir verdad y de buena fe, afirmen que no han sido sancionados ni condenados por cometer violencia familiar o sexual, ni tienen deudas de pensión alimenticia.
Los partidos, además de allanarse a esta disposición, tienen obligaciones que imponerles en beneficio de un trabajo de calidad en su producción legislativa.
En este rubro, la mala imagen que en general tienen los partidos se debe a la omisión de otros requisitos de elegibilidad, al hacer llegar a las curules a algunas personas que no tienes idea de lo que representan, sin estudios e información sobre el trabajo a desempeñar, para no quedar fácilmente subordinados a los dictados del Poder Ejecutivo, sin considerar que representan intereses de los mexicanos y no los de una corriente política.
La situación se presenta como una oportunidad para un avance más seguro de la mujer en este campo. _
