Jueces federales otorgaron suspensiones a dos militares que impiden por el momento incorporar a sus expedientes personales y a la base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que sus nombres forman parte de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por uso excesivo de la fuerza tras un enfrentamiento en Tamaulipas que dejó nueve personas muertas.
Las suspensiones fueron concedidas al General Brigadier Héctor Adrián Mosqueda Velázquez y al cabo Genaro Jiménez Mora, cuyas demandas de garantías fueron admitidas a trámite por los titulares de los juzgados Décimo Sexto y Sexto de Distrito en Materia Administrativa, respectivamente.
En sus resoluciones, los jueces señalaron que las suspensiones son para evitar que en este momento se ejecute el punto cuarto de la recomendación 37/2020 de la CNDH, así como un oficio del 21 de octubre de este año, “a fin de que no se incorpore la referida recomendación al expediente personal” de los promoventes, “ni a la Base de Datos de la Sedena”, mientras se resuelven de fondo los amparos.
También dejaron claro que la medida cautelar “no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda”.
En septiembre de 2016, los elementos del Ejército realizaban operativos contra la delincuencia organizada y en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey sostuvieron un enfrentamiento en el que las víctimas perdieron la vida.
La CNDH acreditó que las fuerzas armadas no emplearon la fuerza de manera gradual a través de mecanismos para controlar, detener o restringir los movimientos, tanto de individuos como de vehículos, pues en las manifestaciones de los elementos militares, éstos en algún punto de la persecución no lograron ubicar a los agresores y los propios automovilistas les indicaron el rumbo.
También se escucharon detonaciones, en algunos casos sin poder especificar quién disparaba o de donde provenían las ráfagas o disparos; que presumiblemente emplearon la fuerza letal desde un vehículo en movimiento, sin que exista prueba alguna de que su objetivo era la detención y puesta a disposición de las víctimas ante las autoridades correspondientes.
“Se advirtió que la finalidad del personal castrense conforme al lenguaje usado por la propia Sedena en los diversos informes remitidos a este organismo nacional, fue la de ´neutralizar´ a los tripulantes del vehículo de civiles, es decir, privarlos de la vida ya que los disparos producidos se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas, pues nunca se empleó ningún tipo de táctica de sometimiento por parte del personal castrense, lo que denota violación a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza”, detalló la CNDH.
La recomendación fue emitida este año y fue dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, por los hechos acontecidos en septiembre de 2016.
JLMR
