Dos condenados por organizar el cruce ilegal de la frontera fueron condenados a dos y tres años de prisión, respectivamente. Los otros ocho fueron condenados por participar en el cruce fronterizo y todos recibieron sentencias de siete meses. El Tribunal Popular de Yantian dijo que los 10 se declararon culpables. Todos los acusados también recibieron multas que oscilan entre $ 1,500 y $ 3,000.
El miércoles temprano, China entregó a la policía de Hong Kong a dos sospechosos menores de 18 años que también estaban en el barco. Las autoridades de la ciudad sureña de Shenzhen dijeron que habían confesado haber cruzado la frontera ilegalmente pero no habían sido acusados.
Los 12 fueron detenidos durante más de 100 días antes del juicio de esta semana en Shenzhen, mientras sus padres y políticos en Hong Kong, Estados Unidos y Reino Unido presionaron para su liberación. Un grupo que representa a las familias de los acusados dijo que sus seres queridos fueron abusados bajo la custodia china y se les negó el acceso a sus abogados.
La policía y los fiscales en Shenzhen han negado anteriormente las acusaciones de malos tratos y afirmaron que los 12 tenían acceso a asesoramiento legal, aunque la práctica en China continental de negar a los acusados el abogado de su elección mediante el nombramiento de un abogado elegido por el gobierno ha sido bien documentada en el pasado.
El lunes, una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos instó a Pekín a liberar a los 12 y permitirles salir del país, y agregó que su "supuesto 'crimen' fue huir de la tiranía".
"El trato por parte de las autoridades de la República Popular China a estas 12 personas, algunas de las cuales son menores de edad, ha sido espantoso", dijo la portavoz. "Las autoridades de Beijing continúan su campaña para erradicar los derechos y libertades restantes del pueblo de Hong Kong, equiparando falsamente su sistema de gobierno por decreto de partido con el imperio de la ley".
El destino de los 12 activistas ha atraído una atención considerable tanto en Hong Kong como en el extranjero, emblemático del empeoramiento de las libertades políticas y el clima de la ciudad desde la aprobación a principios de este año de una nueva ley de seguridad nacional. La ley, impuesta en la ciudad por Beijing, sin pasar por la legislatura semidemocrática de Hong Kong, criminalizó la secesión, la subversión y la connivencia con fuerzas extranjeras, y ya ha tenido un gran efecto paralizador en la política y el debate.
Según los informes, Chung había intentado huir de la ciudad en octubre solicitando asilo en el consulado de Estados Unidos, pero fue rechazado.
Las vías de escape se han vuelto cada vez más estrechas este año, exacerbadas por cierres y encierros en todo el mundo como resultado de la pandemia de coronavirus. Lo que había sido una ruta marítima viable, aunque arriesgada, a Taiwán se cerró una vez que la guardia costera china dejó en claro que estaban monitoreando las aguas alrededor de la ciudad.
Carrie Lam, la directora ejecutiva designada por Beijing de la ciudad, ha refutado cualquier sugerencia de que el gobierno de Hong Kong estaba al tanto del caso o estaba involucrado en él antes de que los 12 fueran arrestados.
Los prófugos habían "optado por huir, y en el transcurso de la huida, ingresaron a otra jurisdicción y han cometido un delito de ingresar ilegalmente a otro lugar", dijo en octubre. "Tienen que enfrentar las consecuencias legales en esa jurisdicción. Es tan simple y directo como eso".
La posibilidad de enfrentar un procesamiento en China fue una fuente importante de oposición a un proyecto de ley de extradición propuesto que inició protestas el año pasado, y el destino de los 12 parece haber confirmado muchas de las preocupaciones que se sienten en Hong Kong. Al parecer, a los activistas se les negó el acceso a una representación legal adecuada y se ofreció escasa información sobre su estado.
Los tribunales chinos, junto con los fiscales y la policía, son supervisados por la poderosa Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos del Partido Comunista Chino y sus ramas locales.
En un comunicado, el director regional de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico, Yamini Mishra, dijo que las sentencias "impuestas después de un juicio injusto ponen al descubierto los peligros a los que se enfrenta cualquiera que sea juzgado por el sistema penal chino".
"Las autoridades chinas han demostrado al mundo una vez más que los activistas políticos no recibirán un juicio justo", agregó.
