Juez retira acusación de terrorismo, pero mantiene proceso penal contra el periodista Rafael León
Ciudad de México.– Diciembre 31 2025.
Un juez de control resolvió retirar el cargo de terrorismo en contra del periodista Rafael León Segovia, aunque determinó vincularlo a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndole como medida cautelar prisión domiciliaria por un periodo de un año.
El juez José Guadalupe Nucamendi Albores desechó la imputación más grave al considerar que no existían elementos suficientes para sostenerla. No obstante, decidió mantener abiertas otras acusaciones, pese a que durante la audiencia —según documentación recabada por ARTICLE 19— se evidenciaron inconsistencias, contradicciones y deficiencias graves en la argumentación presentada por la Fiscalía.
La defensa del comunicador logró demostrar que no existe vínculo alguno entre Rafael León y estructuras delictivas, y que la acusación de terrorismo carecía por completo de sustento jurídico. Aun así, el desarrollo de la audiencia dejó al descubierto un patrón preocupante: la criminalización directa del ejercicio periodístico.
De acuerdo con lo expuesto, la Fiscalía pretende responsabilizar penalmente al periodista por la información que obtiene de sus fuentes y por la oportunidad con la que realiza sus coberturas. Para la autoridad, el hecho de que el reportero “llegara antes” a ciertos acontecimientos fue interpretado como un supuesto conocimiento previo de hechos delictivos, argumento que organizaciones defensoras de la libertad de expresión consideran abiertamente arbitrario y peligroso.
La acusación se sostiene, en gran medida, en el testimonio de un “testigo protegido”, cuyas declaraciones presentan contradicciones y fueron obtenidas bajo procedimientos irregulares. De forma aún más cuestionable, la Fiscalía utilizó la eficacia y el rigor profesional de Rafael León como supuestas pruebas de conductas ilícitas, llegando incluso a reprocharle no haber denunciado hechos de los que, según ellos, tenía conocimiento por su labor informativa.
ARTICLE 19 advirtió que este razonamiento sienta un precedente sumamente riesgoso, al equiparar la labor periodística con complicidad delictiva, lo que podría abrir la puerta a nuevas persecuciones contra comunicadores.
Llama especialmente la atención que, en apenas 20 días, la Fiscalía General del Estado de Veracruz integrara y judicializara una carpeta de investigación contra un periodista, mientras solicita cuatro meses adicionales para la investigación complementaria. Esta celeridad contrasta con la falta de avances en los casos de asesinatos de periodistas en Veracruz, entidad considerada una de las más letales para la prensa y donde la mayoría de estos crímenes permanece en la impunidad.
Asimismo, la imposición del arraigo domiciliario fue calificada como una medida desproporcionada, ya que impide a Rafael León continuar con su trabajo en campo, afecta su forma de vida y vulnera no solo sus derechos, sino también el derecho de la sociedad a estar informada.
Ante este escenario, se hizo un llamado urgente al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que intervenga de inmediato y otorgue medidas de protección al periodista y a su familia, quienes enfrentan un contexto de amenazas y hostigamiento.
Finalmente, organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía estatal cesar la criminalización del periodismo y al Poder Judicial del Estado de Veracruz garantizar condiciones mínimas de independencia, legalidad e imparcialidad en los procesos judiciales que involucran a la prensa.
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