Cuando hablamos de política pública siempre hay una máxima: sigue el dinero. La asignación presupuestal, se cree, puede decirnos mucho sobre las prioridades de gobierno: ¿qué le preocupa y qué le ocupa? No obstante, también existe una segunda parte igual de importante cuando hablamos de políticas públicas y presupuestos: cómo se gasta el dinero público.
La asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una labor compleja, que requiere de la participación de diversos actores del Estado mexicano; la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda son los principales. Igualmente, en este documento, tenemos los etiquetados o anexos, que son partidas para temas específicos.
Para el movimiento a favor de las mujeres en México, la creación de un anexo para la igualdad de género fue una importante victoria. Un esfuerzo que inicia desde 1995, cuando se impulsa desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil el tema de los presupuestos con perspectiva de género. A partir de 2003 la entonces Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados promueve la etiquetación y reasignación de recursos para atender la desigualdad de género.
Otro hito vendría cuando en 2006 se promulgaron las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y en 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la primera mencionada se establece que la administración de los recursos públicos se realice sobre la base de diversos criterios, entre los que destaca la equidad de género. Derivado de ello en el presupuesto 2006, por primera vez, se incluyó un anexo para programas con perspectiva de género con mil millones de pesos.
En 2021, este apartado es de 128 mil millones de pesos. En él se incrementa el presupuesto de instituciones emblemáticas para el empoderamiento y erradicación de la violencia en México: la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Inmujeres. En 15 años que tenemos luchando por un presupuesto para el avance de las mujeres más justo y efectivo vale la pena preguntarnos: ¿Qué tanto ha servido ese dinero público para su avance?
No es solo una cuestión de exigir que este dinero caiga en políticas públicas con reglas de operación, sino en examinar cómo las reglas de operación pueden disfrazar vicios ocultos: programas que privilegien la entrega de productos en lugar de programas que tengan impactos a largo plazo en la población que atienden, o que privilegien las mismas acciones de siempre, con las y los mismos actores, en lugar de atender a grupos que no han podido ser representados en el presupuesto federal.
Igualmente, debe de considerarse una meta más amplia en materia de presupuestos públicos con perspectiva de género: lograr una transversalización de la perspectiva de género en el gasto público, para que todos los programas de gobierno y su gasto, y no solo aquellos que se encuentran etiquetados, consideren la forma diferenciada en que se afecta a las mujeres debido a una discriminación histórica. El gasto en mujeres no debe ni puede quedarse solo en un etiquetado.
Basta recordar que las mexicanas representamos 51.1 por ciento de población total, y que, de acuerdo con estudios del Banco Mundial y la ONU, el presupuesto invertido en mujeres tiene el potencial de lograr impulsarnos no solo a nosotras, sino a nuestras comunidades. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que una reducción de 50 por ciento en la brecha de género en la participación laboral aumentaría el producto interno bruto en 6 por ciento adicional antes de 2030, con otro 6 por ciento más si las diferencias se eliminaran por completo.
Debemos buscar gastar mejor, en políticas públicas de mayor impacto para el avance de las mujeres. Solo así podremos ir avanzando hacia un México más justo.
*Especialista en temas de igualdad de género
