Por: Maïssa Hubert Chakour
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La lógica que parece seguir el gobierno federal es la siguiente: si ya estamos pagando estos centros por una capacidad máxima, entonces hay que tenerlos al 100 por ciento de ocupación. Para esto se cerraron cuatro centros federales desde el inicio del sexenio y se trasladaron a cientos de personas privadas de libertad a centros CPS. Esta premisa abre paso a medidas de populismo penal tales como el uso excesivo de la prisión preventiva de oficio, creación de nuevos tipos penales (nuevos delitos), o el aumento de las penas privativas de la libertad para “aprovechar” la capacidad pagada de este tipo de centros. Desde este contexto también, se deberían evaluar los severos obstáculos que sufrieron las personas privadas de libertad para acceder a cambio de medidas cautelares (de prisión a otra no privativa de la libertad), así como a beneficios de preliberación, y amnistía en medio de una pandemia que terminó con la vida de al menos a 245 personas en prisión de acuerdo con la CNDH. No solo no se logró disminuir el número de personas en prisión, sino que aumentó de 7 por ciento entre 2019 y 2020, esto es, 13 840 personas más.
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