desde pequeños nos enseñaron que el gobierno de México está dividido en tres grandes grupos de personas que se reúnen a discutir para tomar las decisiones más importantes sobre lo que sucede en los distintos espacios de la vida de nuestra sociedad. Estos grupos, que conocemos con el nombre de “poderes de la Federación’’, son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
La división, que no es más que la busca del equilibrio para que no todo el poder esté en manos de un solo grupo o persona, en este caso no solo en el de los diputados y senadores, del Presidente de México o de los jueces, fiscales y magistrados se supone que se basa en la independencia o autonomía de cada órgano.
El Poder Legislativo se encarga de la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país; el Poder Ejecutivo es el encargado de la administración de los bienes y de proveer los servicios públicos, así como el ver que las leyes sean ejecutadas; y el Poder judicial es la facultad estatal que permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes.
El magistrado en Jalisco, Luis Enrique Villanueva Gómez, escribe en su libro “La División de Poderes: Teoría o Realidad” que la división de los mismos se convirtió en la estructura limitante del poder en sí, a fin de impedir su abuso y, como consecuencia, garantizar la libertad individual.
Montesquieu, en parte de su doctrina, emite un principio: “Todo gobierno puede ser libre si observa la división de poderes, de modo que ninguno de ellos puede predominar sobre los demás”.
Todo lo anterior en su esencia teórica suena al mundo ideal, a aquel como la salud que desde ayer supuestamente gozamos con “atención médica y medicamentos gratuitos y de calidad”, aspirando al que ofrecen en países de primer mundo como Canadá y Dinamarca, o como lo que en campaña nos ofrecen legisladores que prometen velarán y gestionaran en base a solo los intereses de su comunidad representada, o la de jueces o magistrados que, más temprano que tarde, brincan como ranitas al servicio burocrático tras mostrarle lealtad en sus decisiones al hombre en el poder.
Hay un tema pendiente y sumamente trascendente para las entidades: se trata de la presentación hace unos días de la controversia constitucional contra la extinción de los fideicomisos públicos con la cual y, según palabras del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, se trata de defender la legalidad y el trato justo a Tamaulipas.
Aquí cabe subrayar lo de la división de poderes y, a manera de interrogante, destacar: ¿hay plena confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuará con libertad y soberanía? Veremos. _
