Misael Zamora es un campesino ecologista de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilan de Arteaga, Estado de México, que hasta este viernes era acusado del delito al que se ha opuesto toda su vida: talamontes.
La Fiscalía General del Estado de México se desistió de la acusación en su contra al reconocer que no contaba con pruebas suficientes para probar su culpabilidad y con ello se confirmó que el delito había sido "sembrado".
“Una noticia que nos da tranquilidad como persona y a mi familia. Al fin la Fiscalía decide retirar los cargos en mi contra, poner fin a esta injusticia. En la audiencia el fiscal le dio cuenta al juez que no existían pruebas suficientes para continuar con su acusación. Fueron más de cinco años desde que se me acusó del delito al que me he opuesto toda mi vida junto con mi familia. Hoy triunfa la justicia y los derechos humanos. Nosotros al defender al medio ambiente estamos defendiendo la vida y cuando alguien obstaculiza estos trabajos está atentando contra la propia vida”, dijo Misael Zamora en entrevista con FGTelevisión.
La acusación contra Misael se dio porque el 21 abril de 2015 fue con su primo a levantar leña seca para uso doméstico en un lugar llamado Las Cruces. Ahí los interceptaron policías estatales, autoridades de Probosque y la Secretaría de la Defensa (Sedena). La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación por la presunta comisión de delitos contra el ambiente. La fiscalía lo acusaba de tala ilegal con la agravante de usar una motosierra.
Su defensa, encabezada por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, argumentó que las pruebas no debían tomarse en cuenta.
“Su caso es parte de la criminalización que ha vivido la familia Zamora. La Fiscalía del Estado de México se desiste y le da la razón a Misael. El Ministerio Público asume que no existían pruebas que él no estaba en ese lugar que decían y que el día de lo hecho no estaba talando árboles, que fue un delito fabricado”, dijo la abogada Ivette Galván del Centro Prodh en entrevista con FGTelevisión.
La familia Zamora ha sufrido distintas afrentas legales. El jefe de la familia, Ildefonso Zamora, quien murió este año, llevaba más de 20 años dedicado a luchar contra la tala ilegal. Su encomienda lo llevó a la cárcel y a perder a uno de sus hijos.
En 1998, Ildefonso junto con otros comuneros y miembros de su familia denunciaron la tala ilegal ante la entonces Procuraduría General de la República. Pese a las exigencias de la comunidad, fue hasta febrero de 2004 que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) comenzó con operativos contra la tala ilegal.
En 2005, Ildefonso presentó otra denuncia, con fotografías y videos que su hijo Aldo tomó para mostrar a los taladores ilegales en flagrancia. En represalia, fue amenazado. En 2006 le dijeron que tenía sus días contados, que si no le bajaba le darían en donde más le dolería. Y así fue. El 15 de mayo de 2007, sus hijos, Aldo y Misael, fueron emboscados por talamontes.
Aldo murió y Misael resultó herido por una bala en un pulmón. El 20 de noviembre de 2015 policías detuvieron a Ildefonso, lo acusaron de robo agravado con violencia. Estuvo nueve meses preso y fue liberado gracias a la defensa del Centro Prodh, con apoyo de Amnistía Internacional y Greenpeace.
Cuando la familia ya estaba tranquila, tras la muerte de Aldo y la detención de Ildefonso, las autoridades del Estado de México revivieron la acusación de 2015 contra Misael y en abril de 2019 lo detuvieron.
“Hay que retomar proyectos y cosas que quedaron inconclusas. Mi acusación, detención y libertad condicional me impedían hacer muchas cosas. Hoy damos un giro muy amplio, el juez dijo que se me retira todo tipo de medida cautelar. Hoy me siento pleno, un hombre totalmente libre. Con la ausencia de mi padre no tenemos otra más que seguir luchando por el legado que nos deja. Vamos a seguir impulsando el cuidado del medio ambiente como reforestaciones, prevención y combate a incendios forestales e inculcarles esa cultura a las nuevas generaciones”, dijo Misael Zamora a FGTelevisión.
Aunque estaba en libertad, Misael tenía medidas cautelares que le impedían abandonar su comunidad, afectando su economía, pues se dedicaba a vender comida en Morelos, a donde no ha podido ir.
“Misael puede acceder a la justicia con la terminación por completo del proceso penal en su contra”, dijo la abogada del Centro Prodh.
dmr
