NO AL BORRÓN Y CUENTA NUEVA.

Felipe Guerrero

13 de noviembre de 2022

NO AL BORRÓN Y CUENTA NUEVA. QUE SE APLIQUE LA LEY A LOS SAQUEADORES. Felipe Guerrero Bojórquez. Al Ayuntamiento de Mazatlán lo llevaron a la quiebra, a la bancarrota financiera y, por lo mismo, la ciudad y la zona rural quedaron en el abandono, con graves problemas de servicios públicos e inseguridad que aún siguen padeciendo los mazatlecos. Por supuesto, se notan los esfuerzos del nuevo alcalde Edgar González por normalizar los servicios públicos más elementales, pero eso no significa cancelar la exigencia ciudadana para que se castigue a los responsables del saqueo. Quienes llegaron ahora al poder municipal, el nuevo alcalde con mayor razón porque fungía como Secretario del Ayuntamiento, tienen la obligación no solo de enfrentar la emergencia ante la falta de recursos, sino de rendir cuentas claras de lo que recibieron y denunciar ante la instancia correspondiente las anomalías que provocaron el quebranto financiero. Eso por un lado y, por el otro, el alcalde, los regidores que en su momento denunciaron daños al erario público, tienen que exigir a las autoridades de la Fiscalía General del Estado ir a fondo en la investigación de lo que el propio Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado le entregó: Una abultada carpeta de faltantes y gastos millonarios sin comprobar. Nada de borrón y cuenta nueva porque si se cree que con solo haber sacado de la presidencia a Luis Guillermo Benítez Torres y, peor aún, haberlo premiado con la Secretaría de Turismo, a la gente ya se le olvidó los desmanes impunes de ese gobierno atroz, están muy equivocados. La aceptación tácita de que el municipio está en la ruina son los esfuerzos por conseguir dinero para comprar carros recolectores de basura y pedirle a los empresarios que cooperen donando lámparas y adoptando una colonia. En el fondo se entiende el esfuerzo, pero al mismo tiempo lastima porque los ciudadanía que paga puntualmente sus impuestos no debería ser limosnera de nadie. Qué bueno que los empresarios entren al quite en la emergencia, pero no es correcto. Y no es correcto constitucionalmente porque ellos no están obligados ni tampoco el gobierno estirarles la mano a nombre del pueblo. ¿Y a cambio de qué? Esto último también debe explicarlo la autoridad para que una donación no se confunda con moche, que es justamente lo que normalizó el gobierno del Químico Benítez. Cuando un gobierno pide a un particular deberá establecerse una relación clara y transparente, de lo contrario las presiones y las negociaciones en lo oscurito es lo que se impone y eso, desde luego, va contra la ley. No al borrón y cuenta nueva; sí a la exigencia de justicia para someter a la ley a quienes dejaron en la bancarrota al Ayuntamiento. Es central en esta nueva etapa que haya claridad y transparencia del gobierno en su gasto público, sobre todo en las relaciones que actualmente establece con empresarios y proveedores

Locales

EL ROCHISMO ARRECIA GOLPETEO CONTRA IMELDA CASTRO

Editorial: Por redacción En política pocas veces las coincidencias son solamente coincidencias. Cuando una aspirante aparece al frente de las mediciones, casi por lógica también se convierte en el principal blanco de quienes pretenden impedir su llegada. Eso parece estar ocurriendo con Imelda Castro. En apenas unos días se acumularon dos hechos que, vistos de manera aislada, podrían parecer asuntos distintos. Pero observados en conjunto dibujan un escenario que merece una reflexión. Primero aparecieron llamadas telefónicas realizadas a miles de sinaloenses en las que se preguntaba por el nivel de conocimiento de la senadora con licencia. La reacción fue inmediata. Sus adversarios internos, el rochismo le atribuyó la estrategia y la acusaron de promoción indebida. Sin embargo, la propia Imelda Castro salió públicamente a deslindarse. Negó que ella o su equipo estuvieran detrás de esas llamadas y aseguró desconocer quién las estaba realizando. Una pregunta a la mano sería: ¿a quién beneficia una operación de ese tipo? Porque si la propia aspirante termina obligada a desmentir una estrategia que además genera críticas entre la ciudadanía, el efecto político no parece favorecerla, sino colocarla bajo sospecha. Casi al mismo tiempo llegó el segundo episodio. El Tribunal Electoral de Sinaloa confirmó la resolución del IEES que consideró existente una infracción por promoción personalizada y dejó firme el procedimiento que ahora será remitido al Senado. Más allá del contenido jurídico de la resolución, el contexto político vuelve a cobrar importancia. Para los seguidores de Imelda Castro no pasa inadvertido que el Tribunal Electoral, del que es Magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza, uno de los personajes más cercanos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, tome decisiones en contra de la senadora. Es precisamente ese grupo y no otro el que, según sostienen sus simpatizantes, busca impedir que la senadora se convierta en la próxima coordinadora de la Cuarta Transformación en Sinaloa. No se trata de afirmar que exista una conspiración. Tampoco de descalificar automáticamente una resolución judicial por el parentesco de quien preside el órgano. Pero en política las percepciones pesan tanto como los hechos. Por eso cuando una institución encargada de impartir justicia electoral aparece vinculada, por relaciones familiares o políticas, con uno de los grupos enfrentados en una disputa interna, la imparcialidad entra en automático bajo sospecha pública. Morena atraviesa una etapa en la que ya no enfrenta únicamente a la oposición. Las mayores tensiones parecen estar ocurriendo dentro del propio movimiento. La batalla por la candidatura al gobierno de Sinaloa apenas comienza y cada decisión institucional, cada encuesta, cada resolución y cada operación política será observada con lupa, no por la autoridad electoral, sino por quienes desde fuera la controlan. Para Imelda Castro el adversario nunca ha estado enfrente, sino dentro de la misma casa, aunque con poder institucional. Un adversario que utiliza los tribunales y las medios a modo para influir en la percepción ciudadana y para impedir que, quien realmente encabeza las encuestas, gane la candidatura.

NO AL BORRÓN Y CUENTA NUEVA.

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