Vecinos de la zona histórica Barrio Antiguo solicitan asesoría legal ante la llegada del mega desarrollo inmobiliario Vía Zócalo, el cual ya se anuncia en un predio de la calle Padre Mier, casi esquina con Mina.
A través de la Asamblea de participación ciudadana del Barrio Antiguo, residentes del sector y de Santa Lucía se han quejado por el ruido generado por la construcción de torres de departamentos en la zona.
Sin embargo, el anuncio de la construcción de dos torres con 39 pisos de departamentos por Vía Zócalo, pone en alerta a la agrupación de vecinos, quienes solicitan apoyo legal para hacer frente a la obra.
"No tenemos el recurso para echar andar una maquinaria de defensa legal, pero pediríamos del auxilio de los habitantes de Nuevo León que le tengan cariño y a la historia de esta tierra, que nos apoyen con este tema", indicó Gerardo Ramírez Chávez, presidente de la asamblea.
El proyecto Vía Zócalo ha sido criticado por diversas instituciones culturales. A través de un oficio dirigido al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, el Consejo Consultivo Ciudadano de Patrimonio Cultural consideró al desarrollo como "un verdadero maltrato" a la ciudad.
Mientras que la oficina en Nuevo León del INAH ha solicitado rediseñar el proyecto, que contempla dos torres de 150 metros de altura en un sector residencial e histórico en el centro de Monterrey.
"Si se habla de que el Barrio Antiguo está abandonado y que no se puede vivir es por políticas que se han tomado, no nos dejan vivir las autoridades", agregó Ramírez Chávez.
Además, alertan por el ruido que genera la construcción de un edificio en Diego de Montemayor y Matamoros, así como otra obra en Montemayor y Allende, y los bloqueos viales por la entrega de materiales.
"Tenemos como ejemplo lo que pasó con El Semillero en La Purísima, que iban a preservar una casa antigua por Padre Mier y que terminaron derrumbando. Creemos que será muy similar con Vía Zócalo, aunque aquí es una zona protegida", criticaron.
Junta, acéfala
La zona histórica Barrio Antiguo tiene un decreto de protección desde 1993, donde figura la Junta de Conservación y Preservación como un ente para su protección.
Sin embargo, ésta se encuentra acéfala tras la muerte de la promotora cultural Alejandra Rangel Hinojosa. Al momento no se ha nombrado al sustituto para completar la Junta.
"Como asamblea hacemos las denuncias ante el municipio, el INAH y la Junta de Conservación. La Junta, podríamos decir, nos recibe, pero nos dejan en visto, no se le da seguimiento", apuntó Ramírez Chávez.
